Las organizaciones sociales vinculadas a los movimientos de izquierda y al kirchnerismo iniciaron el miércoles último lo que supone una estrategia anual de movilizaciones en el centro porteño, con las demandas habituales de "Tierra, Techo y Trabajo", pero con fuertes críticas al Gobierno nacional a la vez de pedir fondos para cooperativas, planes de empleo y una declaración de emergencia alimentaria.

La gestión del presidente Mauricio Macri, y en particular la política económica y social, fueron blancos de los encendidos discursos de varios de los dirigentes que se van a candidatear en este año electoral, caso de Juan Grabois, que trabaja activamente por la candidatura de Cristina Fernández. También Juan Carlos Alderete de la Corriente Clasista y Combativa, que llamó a la unidad de la oposición "para derrocar a Macri".

A diferencia de otros piquetes, el primero de este año apuntó directamente a las urnas con la presencia de quienes trabajan intensamente en el proceso electoral, además de los conocidos activistas que organizan estas manifestaciones con una estrategia muy estudiada para generar el impacto buscado en la opinión pública. No obstante, fue notorio el malestar de la gente que no podía llegar a sus ocupaciones habituales por los cortes en la vía pública.

El piqueteismo dejó hace tiempo de ser una expresión espontánea de manifestarse en las calles de quienes no tenían otro recurso para que sean escuchados por las autoridades. Ahora todo lo maneja el aparato conformado por las organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos de izquierda, con recursos para cubrir la costosa logística y demás gastos, por ejemplo el transporte y la comida para quienes asisten a los actos.

Ante este panorama que se radicaliza, no es descabellada la idea del diputado bonaerense de Cambiemos, Guillermo Castello, de quitar los planes sociales a los beneficiarios que participan en las movilizaciones en esa jurisdicción. El proyecto de ley recuerda que el Estado en sus diferentes niveles destina una parte sustancial de su presupuesto a la ayuda social con el propósito de contener múltiples vulnerabilidades de distintos orígenes, pero no para financiar a las personas que cometen delitos en manifestaciones públicas.

No hay dudas que estamos ante una extorsión sectorial invocando necesidades sociales, que las hay y muchas, pero que se deben reclamar de otra manera, no como dijeron tres dirigentes: "Que esta marcha sea el inicio de un plan de lucha". Con un tinte político.