Sin que se apaguen los últimos focos de las violentas protestas populares que llevan un mes y han dejado 22 muertos, miles de heridos y cuantiosos daños materiales, Chile se enfrenta a la difícil tarea de refundar la República con una revisión de la Constitución aprobada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y con leves cambios posteriores. Esta Carta Magna ha sido señalada como el gran escollo para construir un país más justo y por ello la reacción popular con un estallido de violencia sin precedentes.
La necesidad de cambiar la polémica Constitución es una de las principales demandas de los manifestantes porque desde que fue adoptada en 1980 y las docenas de enmiendas buscando darle un viso democrático, en opinión de la mayoría de los ciudadanos no aborda ampliamente el papel del Estado en temas fundamentales como educación, salud y bienestar general, además del perfil claramente neoliberal heredado en el texto de la dictadura. Este desigual modelo socioeconómico dio origen a las multitudinarias protestas tras la chispa del aumento del pasaje del metro, el 18 de octubre pasado, hasta hacer foco en la propia Carta chilena.
El acuerdo alcanzado por los líderes del oficialismo y la oposición en la madrugada del viernes último para convocar a un plebiscito para abril del año que viene, es por demás complejo porque implica utilizar mecanismos inéditos a fin de compatibilizar consensos populares con las posiciones de los partidos políticos y demás entidades a las que se les dará participación con la idea de escuchar todas las voces.
Las intensas negociaciones entre la coalición gubernamental y los partidos de oposición, para alcanzar un acuerdo que convoque al referéndum constituyente lo dice todo. Un Congreso donde ningún bloque tiene mayoría de dos tercios, necesaria para una revisión de esta magnitud puede ser el principal escollo para llegar a la meta propuesta y, fundamentalmente, encarrilar a una nación desencantada con la clase dirigente aunque las estadísticas muestren un desarrollo floreciente, pero carente de equidad social.
Las ideologías o intereses sectoriales serán las piedras en el camino que el hombre común deberá transitar. Lo importante es que el mensaje de la ciudadanía ha sido muy claro para que la dirigencia política ofrezca un nuevo contrato social con el espíritu de la democracia moderna que se merece Chile.