El gobierno de Sudáfrica inició el proceso de notificación a las Naciones Unidas de renunciar al Estatuto de Roma, por el que en 1998 se creó La Corte Penal Internacional, el órgano que juzga crímenes de guerra y de lesa humanidad. Las notas de Johannesburgo alegan que la permanencia sudafricana en el Tribunal está "en conflicto” con la ley nacional de inmunidad diplomática y por esa razón afecta a las relaciones exteriores de Sudáfrica. 

La decisión del gobierno aislacionista de Jacob Zuma es una de las peores afrentas políticas que pudieran hacerse contra la histórica lucha de Nélson Mandela por los derechos humanos hasta la caída del apartheid, y la puesta en vigencia de una Constitución modelo no solo para este país sino para todo el continente africano marcado por abusos y atrocidades. Dejar de lado al Tribunal Penal Internacional es también una traición al premio Nobel de la Paz, tras por más de dos décadas de la impunidad que generó guerras y matanzas, a cuyos responsables busca la Justicia internacional.  

Precisamente son los dirigentes perseguidos por sus crímenes de lesa humanidad los que exacerban al panafricanismo anticolonial para acusar a la Corte de la Haya de someter al continente. No se descarta que otros países sigan la retirada de Sudáfrica, como lo hizo Kenia en 2013, cuando su presidente Uhuru Kenyatta, era investigado por su responsabilidad en la violencia postelectoral en 2007. Fue un golpe de efecto interno, como lo hace ahora el presidente Zuma, acosado por la corrupción y el estancamiento de la economía debido a una política populista e indiferente al rumbo trazado por Mandela como nación democrática. 

Sudáfrica buscaba un motivo para desconocer a la Corte Penal Internacional y se le presentó con la visita del presidente de Sudán, Omar al Bashir, en junio del año pasado, cuando viajó a Johannesburgo para participar en la cumbre de la Unión Africana. El Tribunal reclamaba la detención de Al Bashir por crímenes de lesa humanidad y por ello Sudáfrica tenía la obligación de entregarlo a la Haya y también porque la Justicia sudafricana dictaminó que debía ser detenido. Zuma en cambio argumentó la inmunidad diplomática de Al Bashir y lo dejó ir para que se considerara como una victoria política. 

Un insulto a la libertad y al legado de Mandela.