Una de las primeras medidas del gobierno de Alberto Fernández fue aumentar por decreto las retenciones a las exportaciones agropecuarias, ante la necesidad de obtener recursos genuinos para atender los graves problemas financieros de la Nación. En ese contexto el Estado se lleva ahora 60 pesos de cada 100 que produce una hectárea agrícola en la pampa húmeda, de manera que la presión fiscal trepó con las ventas al exterior 94% para la soja y el maíz y hasta el 97% en el caso del trigo, de acuerdo a un estudio de la Sociedad Rural Argentina.

Pero como en materia de exacciones impositivas no está dicha la última palabra, han aparecido otros tributos como el aplicado a los ingresos brutos para los servicios de los puertos bonaerenses, que tendrá un alto impacto en la industria comercializadora de fertilizantes y, por lógica, en todos los cultivos con repercusión en la cadena de comercialización. Como es habitual, la voracidad recaudadora se oculta como en este caso, en el artículo 100 de la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires que determina un tributo extra en los puertos de esa jurisdicción de 46,5 pesos por tonelada cargada, 139 descargada y de $23 por tonelada de mercadería removida durante el mes.

El gobernador Axel Kicillof pretendía cobrar el doble, pero la firmeza de la oposición hizo recortar esos valores intempestivos si se pretende estimular al hombre de campo para que aumente la producción y con la ventas externas fortalezca el ingreso de divisas. En este caso el 55% de los fertilizantes que entra al país lo hace por el puerto de San Nicolás, en tanto las terminales de Bahía Blanca y Quequén completan unos 17 millones de toneladas de un insumo vital para la siembra masiva. La alternativa para morigerar impuestos sería el puerto de Santa Fe, pero la logística que acompaña a estos movimientos encarece los costos que las compañías de fertilizantes difícilmente puedan absorber y, en consecuencia, pagará el consumidor.

Vale recordar que el fertilizante fue fundamental para alcanzar una cosecha récord como fue en la producción 2018/2019 con un rendimiento de 141,5 millones de toneladas, por lo que los afectados por el impuesto abusivo de Kicillof podrían incidir en la campaña 2019/2020, además de lo que ocurra con los precios internacionales entre otras variables asociadas a la actividad rural. Pero los tributos de este sector son un ejemplo de la carga fiscal efectiva que soportan todos los habitantes del país. Sumando impuestos "visibles" y "ocultos" llega al 37,6% del PBI, aunque todavía lejos del 41,1% del PBI llevado en 2015 por el entonces ministro de Economía kirchnerista, hoy gobernador bonaerense.