La construcción de viviendas en San Juan es uno de los pilares de la obra pública, a tal punto que durante la etapa más dura de la cuarentena por la propagación del Covid-19 el Gobierno mantuvo un ritmo de obra cercano al 80%. Ahora que rige una nueva flexibilización para distintas labores, la actividad ya ha alcanzado el 100% con un total de 3.900 viviendas en construcción, tanto en departamentos del Gran San Juan como en los de la periferia. Como la política del gobierno es continuar construyendo viviendas con fondos provenientes de la Nación y de los que se obtienen por el recupero en el cobro de cuotas de barrios adjudicados, surge un tema que es preocupante para aquellas jurisdicciones que carecen de un ordenamiento territorial, ya que las viviendas se pueden llegar a realizar en lugares poco apropiados, con numerosos inconvenientes para su construcción y para los vecinos que luego las habitarán.
Estudios realizados a nivel nacional determinaron que si bien la disponibilidad de fondos es importante a la hora de planificar un barrio, también es fundamental el acceso a suelo con la infraestructura necesaria para realizar el proyecto. Es aquí donde es importante el ordenamiento territorial que es el que determina cuáles son las zonas más aptas en función al impacto poblacional y la disponibilidad de servicios esenciales como agua, gas, luz y cloacas, y otros no menos importantes como el transporte público, telefonía e internet.
En San Juan, el concepto de ordenamiento territorial ha sido desarrollado hasta ahora por pocos municipios, tal el caso de Pocito, que fue el primero en implementarlo, y los comprendidos por el área metropolitana del Gran San Juan que incluye a Capital, Rivadavia, Rawson, Chimbas y Santa Lucía, en forma conjunta. Por otra parte, Caucete ha firmado este año un convenio con la Dirección de Ordenamiento Territorial para trabajar en la localización y asignación de zonas para diversas actividades. Precisamente, el IPV ha anunciado la construcción en este departamento de un mega barrio de más de 400 viviendas en un predio que en algún tiempo estuvo destinado a la producción agrícola y al que habrá que llevar todos los servicios necesarios. Esta suele ser una de las quejas más habituales entorno a los planes de viviendas, al igual que el criterio de adjudicación, que prioriza a habitantes de asentamientos, o las características de las casas y lotes que no son muy apropiadas por las condiciones climáticas y la limitación de espacios que impide el desarrollo de alguna actividad autosustentable para sus ocupantes.