Hoy la Argentina renueva sus máximas autoridades políticas por voluntad de todos los ciudadanos empadronados, estén o no afiliados a una agrupación, incluidos los jóvenes desde los 16 años hasta los mayores de 75 y los extranjeros habilitados por la justicia electoral. En esta segunda instancia serán elegidas las fórmulas para presidente y vicepresidente, entre las seis que superaron el 1,5% de los votos válidos en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) celebradas el 11 de agosto pasado.

También están en juego 130 bancas de diputados nacionales y 24 representaciones de ocho provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Senado de la Nación a fin de renovar un tercio de los escaños de la Cámara alta. Vale recordar que bastará con que una fórmula obtenga el 45% de los votos o bien el 40% y una diferencia de al menos 10% con respecto a la que ocupe el segundo lugar, para que se proclame ganadora. De lo contrario habrá balotaje, una segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas.

En la historia institucional del país cada elección de autoridades es tan atípica como el clima político y socioeconómico que las precede, más ahora en medio de una crisis profunda marcada por la alta inflación, elevada desocupación y niveles de pobreza. Tal vez lo único que persiste, desde hace más de 70 años, es la obstinada tendencia de vincular al dólar con el bienestar de la población, y los economistas coinciden de que si se repite lo ocurrido en las PASO podrá existir un nuevo salto cambiario con las consecuencias conocidas.

El escenario es preocupante porque todas las miradas se posan en la economía del día después y cómo será la vida hasta la transición del mando, el 10 de diciembre, o el replanteo que implica iniciar una nueva etapa. La baja de impuestos, estabilidad financiera y reglas de juego claras, junto a políticas de Estado que permitan planes de largo plazo que alienten las inversiones, son las expectativas del empresariado. Pero en esta coyuntura también está en discusión la distribución del ingreso y eso activa el reclamo por revisión de las paritarias.

Para enfrentar la crisis se necesitan consensos y honestidad política, promesa generalizada en los últimos debates televisivo, pero llama la atención que ningún candidato presidencial haya firmado el Acuerdo Social Anticorrupción, una iniciativa de ONGs que busca transparencia en materia de ética pública. Las campañas también olvidaron el compromiso frente al cambio climático.