El viernes último quedará en la historia de la humanidad como fecha decisiva para impedir que el cambio climático siga avanzando y comprometa toda forma de vida en el planeta, como consecuencia de una contaminación creciente desde la era industrial, hasta poner en riesgo la sustentabilidad de los ecosistemas.
Es tema de la agenda global a largo plazo para ser abordado por la comunidad internacional, a fin de resolver este desafío crucial. Todos los países deben comenzar a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, según el Acuerdo de París, que tiene como objetivo mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Las casi 200 naciones firmantes del convenio en diciembre de 2015 se obligan también a intentar que la temperatura promedio no rebase los 1,5 grados.
Este acuerdo todavía debe ser ratificado por más de 90 países, pero Argentina fue uno de los primeros en adoptarlo y, como ha señalado el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, el problema no es el calentamiento global sino las cosas que hacemos para que eso suceda.
Este pacto comenzó a gestarse en momentos de la transición gubernamental en la Argentina, pero se pudo suscribir en París, tras lo cual la canciller Susana Malcorra lo ratificó en la ONU, en abril último. Luego llegó al Congreso Nacional y se le dio respaldo constitucional. En este marco, el Ejecutivo creó el Gabinete Nacional de Cambio Climático, una verdadera política de Estado en la materia, que a la vez compromete a las provincias y al sector privado. Estas medidas mejoran la contribución argentina para el año 2030 bajando sus emisiones de 570 a 488 millones de toneladas de dióxido de carbono, o un 15% con respecto a la meta anterior.
El Acuerdo Climático es muy complejo por las diferencias entre naciones ricas y pobre. Las primeras, como Estados Unidos, China y Japón, impulsan el desarrollo de tecnologías innovadoras que permitan la reducción de emisiones sin sacrificar el crecimiento económico. Con esa base usarán su experiencia para asistir en materia ecológica a países en desarrollo y aportar 12.450 millones de dólares para 2020, como resolvió el gobierno nipón para los pueblos más necesitados, pero también contaminantes.