Las desafortunadas declaraciones del exministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni sobre el fallecido fiscal Alberto Nisman, han recibido el rechazo generalizado de la ciudadanía tanto por inapropiadas al tratarse de un prestigioso jurista de amplia trayectoria académica y actualmente representante de la Argentina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Más extemporáneas son todavía porque se ataca a una persona que no puede defenderse.

Tal vez pudo tratarse de una humorada de Zaffaroni decir que si Nisman "está vivo lo ahorco" porque el extinto fiscal le hizo leer varias veces las 300 fojas de la denuncia que preparaba contra el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa del atentado a la AMIA.

Pero ante un caso tan sensible, y de trágicas consecuencias, no cabría un chiste de mal gusto. Además, descoloca al exministro como pieza clave en la estrategia de defensa de los acusados por Nisman.

El exabrupto de Zaffaroni ha sido repudiado en la propia Justicia y, en particular, por la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación por considerarlo lamentable e innecesario, impropio de un exmagistrado.

Más grave si fue para pronunciarse respecto de la persona de un fiscal que encontrara su muerte precisamente en oportunidad de realizar la denuncia, de acuerdo al comunicado emitido por la entidad.

Además, advirtió que los planteos jurídicos que pudieren devenir en la reciente apertura del caso son esperables dentro del marco legal del proceso, como de hecho han venido sucediendo y dirigidos hacia el objeto procesal que se desarrolla en la investigación, más de ninguna manera hacia la persona del fiscal Nisman que además ni siquiera puede emitir opinión al respecto.

El cuestionamiento de sus colegas al doctor Eugenio Zaffaroni va más allá de la autodescalificación que contienen sus palabras, porque ha puesto en juego su prestigio académico y su docencia, aunque lo haya impulsado la incoherencia que pudo tener el voluminoso escrito de Nisman para desarrollar las pruebas que había acumulado, ante la presunción de haberse cometido un delito que desde esa óptica podría configurar traición a la Patria.