El sorpresivo anuncio del presidente Alberto Fernández para poner fin a la problemática situación financiera del grupo Vicentín, ha originado una ola de críticas de economistas, jurisconsultos, políticos, columnistas de opinión y hasta de gente común que se manifestó en las calles con bocinas y cacerolazos, propio de decisiones de dudosa legalidad o inconstitucionalidad. De hecho, no hay expropiación válida sin intervención del Congreso y, más grave todavía, de una firma concursada y con pasos procesales en marcha.


Son contradictorios también los argumentos sostenidos en el DNU para avanzar sobre una de las mayores exportadoras cerealeras y alimentarias con amplia diversificación de productos, incluyendo dos plantas elaboradoras en San Juan. Señalar que esta medida obedece a garantizar la soberanía alimentaria de los argentinos es desconocer la realidad porque precisamente los productos que Vicentín procesa y exporta, como soja, aceite y harina de soja, mosto concentrado, no se consumen masivamente en este país abastecedor del mundo.


Tampoco el Estado necesita tener más controlada la exportación de granos ya que Vicentín como Molinos y Aceitera General Deheza, las otras exportadoras nacionales, son agentes de retención de derechos exigidos por el fisco y diluye así la idea estatizadora. Tampoco puede regular los precios, porque los fija el mercado internacional. Y desconcierta la urgencia del salvataje al asumir el Gobierno de más de 1.300 millones de dólares adeudados por Vicentín a acreedores externos, cuando Argentina negocia su deuda pública afirmando que no puede pagar.


Este decreto y el proyecto de expropiación ignoran la división de poderes al irrumpir en un concurso de acreedores bajo el paraguas del juez interviniente, dejando al desnudo la precaria inseguridad jurídica observada por inversores ante la posibilidad de radicar un emprendimiento en el país. Tal inconstitucionalidad traerá graves consecuencias al Estado, un desacierto que costará miles de millones a los contribuyentes, como otras estatizaciones históricas, caso de YPF, hace una década y todavía con juicio de por medio, argumentando la soberanía energética.


También deja en evidencia que existían otras soluciones menos costosas para el Gobierno y sin plantear confusiones o prevenciones legales y dudas sobre el futuro comportamiento en cuestiones económicas. Organizaciones empresarias y políticas han advertido, en este trasfondo de tantas improvisaciones, un alto contenido político e ideológico instrumentado a espaldas de las urgencias en el manejo de la deuda pública del presidente Fernández. La idea de estatizar a la alimentaria santafesina surgió del entorno de organizaciones políticas, como la senadora Anabel Fernández Sajaste, presente en el polémico anuncio.


Hay otros caminos para sacar a Vicentín de su asfixia financiera aunque Fernández asegure que la única salida es la expropiación, según le dijo al CEO de la empresa Sergio Nardelli, pese muchas opciones para no caer en el estatismo. Ojalá en el Congreso se imponga la racionalidad sin otra equivocación lamentable y costosa para el país.