Como otras tantas actividades, la poda y raleo del arbolado público de este año tendrá algunas características especiales ya que ni la Dirección de Arbolado Público, que depende de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno de la provincia, ni los municipios descentralizados que tienen a su cargo el control de todo lo vinculado a la forestación, tienen previsto realizarla en términos tradicionales como se hace habitualmente. La tarea que cada año se lleva a cabo entre el 15 de mayo y el 30 de agosto, no contemplará las autorizaciones para poda, en primer lugar porque no está aconsejada y en segundo lugar porque se quiere preservar los ejemplares por cuestiones climáticas, la escasez de agua para riego y los efectos derivados de la pandemia del Covid-19 que también está incidiendo en estos trabajos. En lugares que sean necesarios para la circulación peatonal y vehicular se va a permitir el denominado raleo y a las empresas prestatarias de servicios de energía eléctrica, telefonía e internet y televisión por cable se las va a autorizar tareas de despeje siempre y cuando extremen los cuidados y designen personal debidamente capacitado. Todo otro trabajo que se observe no estará admitido por lo que debería dar lugar a fuertes sanciones conforme a lo establece la reglamentación en vigencia. 


Se ha comprobado que los árboles de gran parte del Valle de Tulum y de otros departamentos alejados están en un estado delicado del que necesitan evolucionar favorablemente en beneficio del ambiente de la provincia. Esa es una de las razones por las que sólo se atenderán emergencias y se darán autorizaciones para los casos de poda y erradicación de ejemplares que se encuentren en mal estado, tratando de no tocar el resto de los árboles dentro de este proceso de recuperación.


Una acción importante dentro de esta política de protección del arbolado público sería aprovechar esta etapa para trabajar en la mejora del estado sanitario de los ejemplares y erradicar todos los cables y alambres que han quedado amarrados en troncos y ramas, provocando que haya árboles que se encuentran seriamente dañados. Hay que considerar que esos mismos cables o alambres constituyen un peligro para los peatones, ya que hay sectores en los que quedan pendientes a pocos centímetros de la vereda pudiendo niños y adultos tocarlos con sus manos.


El hecho de que no haya autorizaciones para poda debe dar lugar a que los controles sean intensos y que se sancione duramente a quien sea sorprendido realizando estos trabajos sin justificación y con personal que no está debidamente capacitado.