Finalmente el Gobierno nacional promulgó en tiempo récord la ley 27.668 sancionada por el Congreso en la noche del jueves pasado, al aprobar el Senado el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), quedando el camino expedito para refinanciar la deuda con el organismo a través del Acuerdo de Facilidades Extendidas y cancelar el préstamo stand-by, contraído en 2018.
El alivio de Alberto Fernández lo justifica una ley absolutamente atípica en su tratamiento porque por primera vez oficialismo y oposición han coincidido en la necesidad de que la Argentina no caiga nuevamente en default, el tiro de gracia para una economía agonizante por la impericia de un gobierno populista que gasta más de lo que ingresa, a pesar de las exacciones tributarias.
Ya vigente el acuerdo, ahora viene el cumplimiento de los objetivos generales del programa negociado entre el ministro Martín Guzmán y los técnicos del FMI, cuyos representantes supervisarán el comportamiento las medidas exigidas para efectivizar los desembolsos periódicos. Primero será capitalizar las reservas del Banco Central y avanzar sobre la estabilidad y comportamiento de las variables económicas.
El costo político del acuerdo implica en los hechos una ruptura del Frente de Todos y el enfrentamiento indisimulable de Fernández con la vicepresidente y la línea dura del kirchnerismo encabezada por La Cámpora. Lo puntualiza el duro documento difundido por los 13 senadores que votaron en contra del acuerdo luego de la sanción legislativa, todos fieles a Cristina F. de Kirchner, ausente en el recinto.
El kirchnerismo interpreta esto como una artificial encrucijada a la que se llegó, que se transformaría en una derrota no sólo del pueblo, que sufrirá las consecuencias del pacto con el FMI, sino que será una "dolorosa derrota de la política", verdadera y vital herramienta que como militantes dicen que no están dispuestos a aceptar. Sostienen que el acuerdo no permitirá el crecimiento económico y por la caótica situación actual culpan a Macri, a la pandemia y ahora a la guerra en Ucrania. No hay mea culpa.
El Gobierno ha saltado un pequeño gran obstáculo, pero lastimado en la gobernabilidad por la obstinada posición kirchnerista y la urgencia de implementar políticas estructurales. La inflación es sólo una deuda a saldar con la sociedad ya mismo, y queda por delante afrontar un cúmulo de desaciertos.