En las altas esferas del Gobierno nacional aseguran no tener dudas de que la toma de terrenos que ha acontecido en los últimos tiempos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del resto del país, en ciudades como La Plata o localidades como El Bolsón en el Sur, son actos ilegales que deben ser abordados por la Justicia al estar expresamente prohibidos por ley (las penas por usurpación van de 6 meses a 3 años de prisión art.181 del Código Penal). Esta posición del Poder Ejecutivo Nacional respecto de este controvertido tema no busca otra cosa que eludir responsabilidades en un asunto tan sensible, en el que tienen participación numerosas organizaciones sociales y agrupaciones de los denominados "Sin techo", y también algunas organizaciones de pueblos originarios que han avanzado en la zona patagónica sobre terrenos privados cuyo dueños están exigiendo el desalojo. En San Juan, la oportuna intervención del Gobierno local evitó una de estas tomas en la Villa Media Agua, en Sarmiento, demostrando que se puede actuar con la determinación que ha faltado en la Nación y preservar un derecho constitucional, pilar de nuestro sistema de gobierno. 


Promover que la Justicia se haga cargo de la situación es intentar dilatar la solución, ya que más allá de que éste sea un problema de ese ámbito lo más conveniente hubiese sido que el Ejecutivo, a través de sus servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad que les son propias, evitara los movimientos de personas y la consecuente ocupación de los terrenos. Si bien la Justicia ahora tendrá que actuar, esta intervención llevará un tiempo antes que pueda disponer la custodia o desalojo de los terrenos usurpados. 


El fenómeno de la toma de terrenos comenzó hace varios meses, con la ocupación de un predio en la localidad de Los Hornos, en La Plata. Luego se agravó el problema con las comunidades mapuches en el Sur del país y en las últimas semanas hubo ocupación de terrenos en la localidad de San Fernando, en la zona Norte de Buenos Aires. Esto último afectó a la líneas de trenes del Ferrocarril Mitre, que une la Capital Federal con Tigre, que debió dejar de prestar servicio. 


La pasividad del Gobierno sumado a un accionar planeado por la dirigencia de los movimientos sociales, ha generado un estado de inquietud que en los últimos días se hizo extensivo a los municipios del Partido de la Costa, donde se ha hecho evidente la presencia de grupos que están intentando tomar viviendas de fin de semana o de personas que las alquilan durante la temporada de verano. De no poner un freno urgente a estos hechos, la situación puede salirse de control generándose un problema mayor tanto para los propietarios como para los usurpadores que deberá ser solucionado mediante la fuerza pública.