El conflicto que se ha planteado en el Sur del país con la comunidad mapuche necesita de la más urgente y enérgica acción por parte del Gobierno nacional para terminar de una vez con una situación que de seguir dilatándose afectará muy seriamente la paz en toda la región patagónica. No sólo el temor a los desmanes que se suceden periódicamente preocupa a las autoridades locales sino también los efectos que esta situación conflictiva está generando en las distintas actividades, como por ejemplo el turismo, que a consecuencia de la tensión que hay en todo el Sur argentino se puede llegar a ver muy perjudicado en una temporada que podría aprovecharse en gran medida, teniendo en cuenta los incentivos al turismo interno dentro del país.


Los últimos hechos de violencia que tuvieron lugar en distintas localidades como El Bolsón, en la provincia de Río Negro; o Bariloche, en Neuquén, son una clara advertencia de que el conflicto mapuche está lejos de una solución pacífica si no interviene el Gobierno nacional con medidas de acción directa que frenen esta escalada de violencia.


La acción que sigue ejerciendo la autodenominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), organización de extrema izquierda que toma el nombre de aborígenes patagónicos para reclamar tierras en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, como también en la región del sur chileno, sin aceptar ningún tipo de acuerdo porque considera ilegítimo al Estado argentino y sus leyes, es una permanente amenaza contra la paz de la región.


Los insistentes pedidos de las autoridades de las distintas localidades que están resultando más afectadas por este conflicto no encuentran eco a nivel nacional. Se ha pedido la intervención de las fuerzas federales de seguridad para que accionen en conjunto con la policía local y se ha llegado a sugerir la necesidad de plantear el desalojo inmediato de todos los grupos que están provocando desmanes en distintas comunidades, junto al cierre de las fronteras para impedir el ingreso de nuevos grupos, pero la respuesta hasta ahora es nula. Bajo distintas argumentaciones se sigue permitiendo que las comunidades mapuches sigan ocupando terrenos y provocando daños en sitios que no les corresponde.


La sucesión de vandalismo contra propiedades privadas y estatales, incendios y hostigamiento a empresas y pobladores de la región, son actos a los que no les cabe otra calificación de terroristas. Estas acciones vienen siendo denunciadas desde hace tiempo ante el ministerio de Seguridad de la Nación, lo que tendría que haber dado lugar a una enérgica acción para frenar este tipo de acciones que convierten al Sur del país en una región tumultuosa y peligrosa.


Pero evidentemente el garantismo ideológico sigue primando y hay una especie de complicidad con los sediciosos que debe cesar de inmediato.