La insostenible situación social en Cuba que movilizó a las multitudinarias protestas callejeras en todos los pueblos de la isla el 11 de este mes, tuvieron repercusiones mundiales por los reclamos inéditos de libertad negada por la Revolución Castrista durante medio siglo y a las condenas mediáticas se sumaron las de diferentes gobiernos democráticos, como también los intentos de justificar la represión por parte de los consecuentes con la dictadura caribeña que siguen culpando al "bloqueo" de EEUU por la crisis.


Pero muchos buscaron minimizar el drama cubano por la ausencia de un pronunciamiento formal de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidente chilena Michelle Bachelet, que nunca atendió al caso cubano desde que asumió el cargo y tampoco ahora con más de 5.000 personas encarceladas, entre ellas unos 120 activistas y periodistas independientes.


Sus relaciones con la izquierda fueron el centro de los comentarios de complicidad: "si la ONU no dice nada es porque la prensa exagera los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad", repetía la complacencia ideológica, hasta que los reproches, como el del director ejecutivo de Human Rightd Watch (HRW) José Miguel Vivanco, hicieron romper el silencio de Bachelet descolocando a quienes respaldaban la ausencia de una posición formal.


La Alta Comisionada instó el viernes último al Gobierno de Miguel Díaz-Canel a liberar a todos los detenidos durante las protestas y abrir un proceso de diálogo: "Estoy muy preocupada por el presunto uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y el arresto de gran número de personas", afirmó Bachelet, interesándose también por los activistas cuyo paradero se desconoce, según el comunicado de compromiso.


Pero los cuestionamientos a Bachelet por el tema Cuba no son nuevos, incluso en marzo pasado el Observatorio Cubano de Derechos Humanos la acusó de "dar la espalda" a la tragedia de los isleños. Es así que durante su mandato nunca se ha producido ninguna denuncia ni investigación pública de la ONU sobre la represión en Cuba, incluso utilizando la situación de la pandemia por parte de la dictadura.


Tampoco la funcionaria del organismo internacional se ha volcado a posiciones moderadas sobre cómo abordar la situación de los derechos humanos en Cuba, como lo han hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la propia HRW y otras instituciones involucradas en las libertades fundamentales.