El Gobierno nacional debe simplificar el sistema corrigiendo la incidencia de la mayoría de los impuestos sin crear nuevos tributos. 
 

Todo indica que después de las elecciones legislativas de octubre, el Gobierno nacional avanzará sobre una reforma tributaria con la que buscará crear mejores condiciones para el crecimiento económico que ha comenzado a experimentar el país. 

La necesidad de regular el panorama tributario está vinculada a que la Argentina tuvo desde 1998 a 2016 un aumento en la presión fiscal cercano a los 13 puntos del PBI (pasó del 21,4 % al 34%), lo que colocó a nuestro país en los primeros puestos entre los países latinoamericanos, y en igualdad de condiciones con las naciones más desarrolladas del planeta, pero con una provisión de bienes públicos que difiere en gran medida con la de esos países. 

Aunque ya se ha comenzado a trabajar en la reforma, la discusión legislativa recién está prevista para el 2018. Entre las principales dificultades que deberá afrontar la propuesta está la de promover una menor presión tributaria, con un margen que es muy reducido debido al alto déficit fiscal que tiene la Argentina en este momento. 

Según un análisis realizado por el Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), se ha llegado a esta situación por una serie de factores que se fueron sucediendo como la creación y suba de impuestos en la crisis de la convertibilidad -impuesto al cheque y retenciones-; la recuperación de la actividad económica y el empleo; la suba de los precios internacionales de las materias primas; la nacionalización de los fondos de pensión y la falta de actualización de los parámetros del impuesto a las ganancias. Todo eso llevó a un sistema regresivo, con una fuerte carga sobre los impuestos indirectos, que en la actualidad representa una fuerte presión fiscal. 

Para cambiar este esquema se debería trabajar sobre una reforma gradual que disminuya la carga impositiva, para lograr un cambio coherente y en consenso con las provincias, que son las depositarias originales del cobro de la mayoría de los impuestos. También se debería proceder con aumentar la progresividad en el impuesto a las ganancias, profundizando lo que se hizo en 2016, y reducir la carga sobre las empresas, especialmente las pymes, para alentar la inversión. Además debería reducirse el impuesto al cheque y revisar las exenciones. En síntesis, hay que simplificar el sistema haciéndolo más eficiente.