A poco de iniciarse las primeras exposiciones en el Senado de la Nación, vinculadas al tratamiento que esa Cámara legislativa dará el próximo 8 de agosto al proyecto de ley de legalización del aborto, en busca de alcanzar su aprobación después de la media sanción obtenida en Diputados, hay temas que por su trascendencia generan un duro debate entre los sectores en pugna. Uno de ellos es el de objeción de conciencia planteado por asociaciones médicas y de enfermeros, como también por clínicas, sanatorios y hospitales privados que no comparten la legalización del aborto ni la obligatoriedad a realizarlo.

Obligar por ley a los médicos y enfermeros del sector público o privado, o las clínicas, sanatorios y hospitales privados a realizar abortos, es una provocación innecesaria. Es inconcebible que profesionales de dilatada trayectoria como también instituciones con una con una línea orientada a defender la vida sean condicionadas por una legislación, que de ser implementada, no contará con el apoyo unánime de todos los sectores de la sociedad.

La posición asumida por el presidente del bloque justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto, al señalar que en los hospitales públicos "no debería haber ningún tipo de objeción de conciencia'' frente al aborto, llevó a enrarecer la discusión del planteo a tal punto que integrantes de su propia bancada cuestionaron esta postura. Bajo ningún término, el senador Pichetto puede condicionar a médicos y enfermeros de los hospitales públicos a realizar algo que va contra sus convicciones religiosas o morales, aduciendo que deberán cumplir la ley sin ningún tipo de objeciones por estar trabajando en el ámbito de la Salud Pública. Es un avasallamiento de carácter dictatorial que avanza sobre el derecho a ejercer libremente una profesión y que va contra el juramento Hipocrático de defender la vida por sobre cualquier otro interés.

Por otra parte resta definir que va a suceder con los profesionales que se desempeñan en el ámbito privado y con la objeción de conciencia institucional, que comprende a las clínicas y sanatorios, en relación a que numerosas asociaciones a nivel nacional, que agrupa a estas instituciones, se han opuesto a que sean incluidas dentro de los centros de prácticas abortivas.

Desde la Constitución Nacional hasta una importante corriente de jurisprudencia internacional avalan la necesidad de que se contemple la objeción de conciencia institucional, como un derecho propio para quienes no comparten la legalización del aborto y no están dispuestos a resignar convicciones.