Hace unas semanas el Gobierno de Chile adoptó una medida en beneficio de un grupo de mapuches que habían sido acusados de quemar una iglesia evangélica en el distrito Padres de las Casas, en el Sur de ese país. La querella por la que se encontraban detenidos había sido presentada bajo la rigurosa Ley Antiterrorista vigente en el país trasandino, ante lo cual los acusados iniciaron una huelga de hambre que duró 117 días. Para descomprimir la situación provocada por el delicado estado de salud de los cuatro mapuches acusados, las autoridades dispusieron instruir al equipo jurídico para que solicite la recalificación de las conductas objeto de la causa, retirando el carácter de terrorista.


Los acusados e integrantes del círculo cercano al movimiento mapuche no han podido disimular la alegría que les provocó la decisión que, por otra parte, fue duramente cuestionada por opositores al Gobierno nacional.


Lo que para algunos es una medida con alto sentido humanitario, para otros es una muestra de debilidad del gobierno, con individuos que habían sido calificados como terroristas, una actividad que merece la más dura condena por parte de la Justicia.