En noviembre del año pasado el Congreso aprobó la iniciativa del Gobierno nacional de creación de un régimen inédito de asociación para desarrollar grandes obras de infraestructura mediante la inversión privada. La la ley 27.328 establece la figura del contrato de participación público-privada, para fomentar las inversiones de empresas en proyectos de envergadura en sociedad con el Estado.


La primera etapa del denominado Plan de Participación Público-privado (PPP) se ha puesto en marcha y deben destacarse dos propósitos fundamentales. Por una parte, la Argentina tiene un atraso de décadas en obras prioritarias de infraestructura y, por otro lado, este modelo de contratación tiene una transparencia sin precedentes.


El PPP se dividirá en cuatro sectores y estará supervisado por las áreas de Energía y Minería; Transporte, Comunicaciones y Tecnología; Agua, Saneamiento y Vivienda, y Justicia y Educación, según ha explicado el ministro de Finanzas, Luis Caputo, encargado de dar precisiones económicas sobre plan. Señaló el funcionario, que el gobierno nacional tiene 59 proyectos de obras en cartera por un total de 26.000 millones de dólares, que se pondrán en marcha en los próximos tres años y medio en el marco del Plan, por lo que se estima permitirá durante 2018 superar la inversión en infraestructura un 60% respecto a la de este año, que alcanzó el 2,2% del PBI, de acuerdo a los datos oficiales.


La construcción de 2.800 km de autopistas y 4.000 km de rutas en diversas provincias del país, junto a la recuperación de vías ferroviarias troncales para trenes de carga, además de servicios de agua potable y saneamiento, vivienda y nuevas líneas de transmisión eléctrica de alta tensión, son algunas de las obras de amplia proyección económica y social. Las dudas siempre han sido financieras en virtud de las restricciones presupuestarias por las metas fiscales. Pero el Ejecutivo está trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento (CAF), y obviamente alentando al sector privado para invertir en distintas provincias.


Si se da este paso importante para el país, San Juan estará más cerca de las obras de infraestructura postergadas, como las autopistas para conectarnos mejor con Mendoza y la reclamada hacia Caucete, además de la rehabilitación del ramal del Ferrocarril Belgrano a Jáchal.