Ya tiene dictamen favorable de comisión, el proyecto de ley para impedir que los condenados por delitos de corrupción puedan presentarse como candidatos en futuras elecciones. Todo indica que la Cámara de Diputados de la Nación lo aprobará con media sanción a fin de este mes, al haberse logrado amplio consenso de los representantes del oficialismo y la oposición, salvo el kirchnerismo y la izquierda.
Según el borrador, la prohibición de presentarse a cargos electivos tendría efecto desde que exista sentencia condenatoria en cualquier instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior, o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente. La tipificación de los delitos considerados de corrupción son los de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública.
Esta norma busca establecer una herramienta para la consolidación del sistema democrático y quienes la resisten argumentan principios de inconstitucionalidad porque vulneraría derechos individuales. Pero la propia Constitución señala que la corrupción atenta contra la democracia y, en este caso, los valores republicanos están por encima de las garantías básicas. Debe recordarse que la Reforma de 1994 incorporó el enriquecimiento ilícito como atentado a la democracia.
Tanto la izquierda como el kirchnerismo rechaza de plano el proyecto porque lo considera violatorio del principio de inocencia, aunque esta posición es ante todo especulativa en vista de las elecciones de 2019 y de varios de exfuncionarios procesados.
La ley de inhabilitación política es auspiciosa como toda medida destinada a transparentar la función pública. Cubre vacíos normativos como las idas y vueltas de la candidatura de Carlos Menem en las recientes elecciones, donde la justicia en sus diferentes instancias chocó con la condena del expresidente y el derecho a postularse para revalidar su senaduría.
Los condenados por corrupción jamás deben volver al poder porque sería una mancha a la institucionalidad republicana. También la ciudadanía espera que se legisle para exigirles devolver al Estado todos los bienes y el dinero producto de estos delitos que no deberían prescribir.