El déficit cero que prevé alcanzar el Gobierno nacional durante el próximo ejercicio institucional, implica una considerable reducción del gasto público que sólo será posible si los distintos organismos que conforman el Estado están decididos a efectivizar un significativo ahorro a través de un achique de su estructura.


La meta de los 300.000 millones de pesos que deberán recortarse, de los cuales 200.000 millones correrán por cuenta del Gobierno nacional y los 100.000 millones restantes por las provincias, son cifras que, sin ninguna duda, costará mucho alcanzarlas. Si bien la actual administración está decidida a lograr esa reducción del gasto, es conveniente tener en cuenta que el achique presupuestario tocará áreas sensibles que se verán afectadas por la disminución de fondos.


Así como en septiembre último el presidente Macri concretó la reducción del número de ministerios de su gabinete, que de 22 pasaron a ser 10, se impone ahora la necesidad de seguir trabajando en el achique del organigrama, conformado tanto por los ministerios como por las secretarías de Estado y direcciones. No se puede seguir manteniendo un Estado que está sobredimensionado y que se muestra burocrático, mientras la carga fiscal sigue en aumento para poder sostener todo ese andamiaje que en la mayoría de los casos es inviable.


Por ejemplo, por cada ministerio hay decenas de dependencias que requieren una gran cantidad de recursos para poder funcionar, lo que muchas veces no se justifica por tratarse de un gasto excesivo que fue creado deliberadamente y que ahora, las actuales autoridades, no se animan a eliminarlo por temor a las consecuencias sociales que puede llegar a tener una medida de estas características.


Se sabe que hay reparticiones que manejan un abultado presupuesto para poder mantener movilidades propias, oficinas cuidadosamente decoradas y equipadas, y líneas de teléfonos fijas y de celulares.


Este modelo se replica en muchos gobiernos provinciales y municipales, en los que hay funcionarios que no están dispuestos a resignar derechos adquiridos y que están objetando la actual política de ajuste.


De todo este proceso algo debe quedar en claro: el ajuste es necesario no sólo porque lo recomiende el FMI, sino porque la Argentina ha llegado a un punto en que es evidente que el Estado es una superestructura que necesita ser reducido a la mínima expresión.