Mientras que la situación de Marcelo D’Alessio, el falso abogado acusado de extorsionar a empresarios en presunta complicidad con magistrados judiciales, como el fiscal Carlos Stornelli y el periodista del diario Clarín Daniel Santoro, sigue complicándose cada vez más, las principales entidades periodísticas y representantes del arco político nacional salieron al cruce de lo que consideran una campaña de desprestigio o deslegitimación de la labor periodística por parte de sectores vinculados al kirchnerismo.
En los últimos días se ha intentado asociar a periodistas en presuntas maniobras extorsivas, tal es el caso de Santoro a quien se lo está tratando de vincular con D’Alessio, siendo que era una de las tantas fuentes que habitualmente el periodista consultaba para obtener información para sus notas en uno de los principales diarios del país.
Este intento por vincular a Santoro con los ilícitos de D’Alessio que están saliendo a la luz y que responden a causas vinculadas con la corrupción, ha sido advertido por entidades como ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas); el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y Fopea (Foro de Periodismo Argentino) que han dejado debidamente aclarado que es evidente que todo este proceso forma parte de una campaña de desprestigio por parte de sectores del kirchnerismo que buscan promover la autocensura en ámbitos del periodismo en beneficio propio.
Como señala ADEPA hay que considerar que para acceder a información sensible y usualmente oculta, los periodistas recurren a prácticas habituales en el oficio como el contacto directo con fuentes de información que no tienen la obligación de contar con intereses altruistas y que incluso podrían terminar sospechadas de delitos. Pero esto no convierte al periodista, necesariamente, en sujeto cómplice de esas fuentes.
Vincular la labor periodística con los delitos que se puedan acreditar, en el transcurso del tiempo, a las distintas fuentes que oportunamente se haya consultado es condicionar al periodista y promover la autocensura, de la misma forma que limitar el descubrimiento de hechos de corrupción y, en consecuencia afectar la libertad de expresión.
Como lo sostiene Adepa, la opinión pública debe comprender y defender las características del trabajo profesional que tantas veces ha permitido dilucidar asuntos de real interés público.