Datos oficiales han revelado que las muertes en siniestros viales duplican a los homicidios dolosos que se registran en el país. No obstante ello, sólo en un 14% de los casos se dicta condena, a consecuencia de que las pruebas de que se disponen no llegan a ser contundentes, por existir numerosos factores que las alteran y que las dejan sin efecto a la hora de establecer las causas que provocaron el accidente de tránsito.


Se ha comprobado que en la mayoría de los casos cuando ocurre un siniestro vial, es mucha la gente que acude al lugar y, que en su afán de socorrer a las víctimas o prestar primeros auxilios, altera elementos que luego pueden llegar a ser fundamentales para determinar las causas del mismo y la responsabilidad que le corresponde a cada parte. Son numerosos los casos documentados donde la presencia de personas ajenas hicieron desaparecer todas las pruebas, impidiendo la posterior investigación. Ante esta situación, se ha concluido en que es necesario implementar, a la mayor brevedad, un protocolo que establezca la forma de actuar en estas contingencias.


No se está buscando que la gente deje de ser solidaria ante una tragedia, pero sí que no invada la zona del siniestro alterando pruebas que luego será imposible conseguir para proceder con la tarea investigativa.


En todo los casos hay que tener en cuenta que la prioridad para actuar en la escena de un accidente la tienen la Policía o el personal de Salud, a través de los paramédicos, enfermeros o camilleros. También hay que tener en cuenta la participación de los bomberos. Conforme al protocolo propuesto, cada uno de ellos debe estar totalmente capacitado para intervenir en el salvataje de vidas, y contribuir con la posterior tarea de los peritos que serán los encargados de analizar las pruebas que se obtengan en el sitio.


Se sabe que desde hace un tiempo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación está trabajando para alcanzar el doble objetivo de asegurar la preservación de las pruebas de la escena del hecho y promover que el sistema judicial aplique sanciones adecuadas a quienes cometan delitos al volante, al conducir temerariamente o bajo los efectos del alcohol o las drogas.


Sin duda que con las pruebas se pueden aplicar las sanciones correspondientes, por lo que será muy conveniente que ambas medidas se implementen lo más pronto posible, para bajar la tasa de siniestralidad vial que es una de las más elevadas.