En noviembre de 2016, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina le solicitó a las autoridades nacionales la declaración de un estado de excepción para atender a los niños y jóvenes atrapados por el flagelo de la droga. Los delegados diocesanos dieron cuenta de los crecientes casos de esclavitud y muertes que las parroquias registran a diario.


El documento "Emergencia Nacional: ni un pibe menos'' presentado hace más de tres años por los obispos, reclamaba por los chicos que perdieron su libertad por falta de sentido y oportunidades y quedaron entrampados en las redes del consumo de alguna droga, tanto legal como ilegal y daban detalles del panorama sombrío que existía y las consecuencias dramáticas si el Estado no actuaba rápidamente.


El presidente Mauricio Macri respondió con un decreto que implementaba la Emergencia Nacional en Adicciones por dos años, hasta contar con una legislación efectiva para atender el reclamo de la Iglesia con acciones y recursos adecuados a la situación alarmante existente en los conglomerados urbanos, en particular. La norma administrativa caducó el 31 de diciembre último y las diferentes iniciativas parlamentarias para darle el marco legal definitivo, no prosperaron por el desinterés de los bloques.


Al hacer Macri el anuncio en un acto en Olivos, donde estuvieron gobernadores, especialistas y representantes de la Iglesia, se detalló un plan con las directivas y los recursos necesarios para un abordaje más intensivo del problema a través de la Sedronar, el ente específico.


Todo se cayó al cesar la vigencia de la norma administrativa y en estos momentos la única respuesta oficial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, es que están trabajando para prorrogar la emergencia, en tanto los diputados y los senadores están en la campaña política como prioridad. Al desinterés oficial se suma la opinión de los sacerdotes de los Hogares de Cristo, espacios de contención para adictos, afirmando que la Emergencia Nacional en Adicciones tampoco había logrado los resultados esperados.


No obstante, los curas reconocen que tanto la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley como la Sedronar "hacen lo que pueden'', pero el progreso es insuficiente. Un balance lamentable si se tiene en cuenta que la lucha contra el narcotráfico y las adicciones son una de las políticas más contundentes del Gobierno nacional contra el crimen organizado.