Se recuerda hoy el cuarto aniversario de la muerte del fiscal general Alberto Nisman, sin que la Justicia argentina haya podido precisar en formas fehaciente cómo se dieron los hechos de uno de los casos más enigmáticos dentro de la historia delictiva de nuestro país. Los giros que ha tomado la causa desde aquel 18 de enero de 2015, no han hecho otra cosa que dilatar la resolución del caso, demostrando la lentitud e ineficiencia que caracteriza a nuestra justicia, al demorar por años una investigación que ya tendría que haber dado sus frutos determinando la real causa de la muerte del fiscal y estableciendo los culpables o responsables intelectuales del presunto asesinato.

Esta incertidumbre surge en medio de una confluencia de desidia e intereses de varios sectores involucrados que lo único que ha conseguido es dejar impune a lo que se considera el más grave atentado de la historia argentina, como es el del ataque a la AMIA. Estos mismos intereses, que hacen que el caso Nisman transcurra en medio de una nebulosa judicial, impiden el cumplimiento de lo prometido a las víctimas del atentado, una deuda de honor no solo de la justicia, sino también de la nación argentina.

En la actualidad la Justicia investiga la muerte del fiscal, con la teoría de que se trató de un asesinato y no de un suicidio inducido, como inicialmente. Se ha tratado de establecer que a Nisman lo mataron en relación a la denuncia que había realizado el 14 de enero de 2015 contra, la por entonces, presidenta Cristina Fernández, el fallecido excanciller Héctor Timerman y el diputado Andrés Larroque, entre otros, al acusarlos de buscar la impunidad de Irán en la causa AMIA a cambio de restablecer relaciones comerciales.

Esta es una de las pocas respuestas que la justicia ha logrado, al igual que determinar como partícipe necesario del presunto homicidio al informático Diego Lagormasino, que le llevó a Nisman el arma de la que salió la bala que lo mató en el departamento de la Torre Le Parc de Puerto Madero.

En uno de los últimos fallos del año pasado de la Cámara Federal que interviene en el caso Nisman, los camaristas han pedido a los fiscales que profundicen la hipótesis de que el Fiscal General fue víctima de un plan criminal y que continúen indagando la pista que propuso Sara Garfunkel, madre de Nisman, que imputó a Cristina Fernández como inspiradora del complot.

A medida que pasa el tiempo resulta imperioso que la justicia resuelva este proceso para demostrar, tanto adentro como afuera del país, que la Argentina es una nación con plena vigencia de sus instituciones democráticas.