Parece que los argentinos nunca aprenden que con un paro de actividades los primeros perjudicados son los propios argentinos que deben salir todos los días a trabajar y que necesitan, imperiosamente, que todos los servicios funcionen. Una huelga como la dispuesta por la Asociación Bancaria a nivel nacional no hace otra cosa que perjudicar al asalariado que entre ayer y hoy debía realizar algún depósito o concretar alguna transferencia, pagar algún servicio, cobrar jubilaciones o pensiones o, simplemente, realizar extracciones de los cajeros automáticos para los gastos corrientes. Es el ciudadano común el que se está viendo afectado, más allá de que la imagen del país en el exterior caiga en la más baja consideración. Un país en el que, en las dos últimas semanas se han llegado a contabilizar tres días de paro bancario, más dos de feriados nacionales y ahora se prepara para una movilización nacional realizada, caprichosamente, por un sindicalista que se siente acorralado por la justicia.
En el caso de los bancarios, más allá de que sus reclamos salariales sean justos o no, o que se haya suspendido la comisión paritaria en la que se estaba tratando el aumento programado para este año, es evidente que el paro tiene otras finalidades. El primer paro se programó un viernes previo al feriado doble de carnaval del lunes y martes siguiente. Y ahora la medida de fuerza fue acordada para un lunes y martes, en el inicio de semana, después del sábado y domingo no laborables. De esta forma se está tratando de que el sistema bancario colapse y que la imagen del país se vea empañada por una simple discusión salarial todavía inconclusa.
En cuanto a la movilización del camionero Hugo Moyano, todos conocen que se trata de una extorsión para coaccionar a la justicia y como estrategia para demostrar su poder sindical y tratar de torcerle el brazo al presidente Macri, con quien está virtualmente enfrentado. El fin último del gremialista es lograr que la Justicia deje de investigarlo como ha sucedido en los últimos meses. Se trata de otra maniobra exteriorizada por los gremios corruptos de la corporación sindical que pretenden seguir manteniendo sus privilegios a costa de un país que ha comenzado a dar muestras de un cambio que es necesario.
La conciliación obligatoria y la declaración de ilegalidad del paro debería ser el camino a seguir en el conflicto bancario. Y en el caso de la movilización debería ser declarada ilegítima y que los organizadores corran con todos los gastos de control y seguridad que generalmente ofrece el gobierno.