El dramático conflicto docente en Chubut, agravado por la muerte de dos maestras en un accidente vial, ha sido nacionalizado por la CTERA, ordenando a los gremios adheridos, el jueves último, un segundo paro de actividades en lo que va de este mes. La situación en la provincia patagónica es lamentable y es responsabilidad del gobernador Mario Arcioni superar el conflicto con el auxilio financiero de la Nación, pero es inadmisible que el problema derive en más días de pérdida de clases en todo el país.

En el lado opuesto de la crisis docente chubutense se encuentra San Juan, con un gobierno que ha otorgado uno de los mejores convenios salariales, que paga puntualmente, además de mejorar las condiciones de trabajo con infraestructura e incentivos que se destacan en el plano nacional. Sin embargo el último paro ha sido la cuarta medida de fuerza dispuesta por UDAP y otros sindicatos locales de la educación, según lo resuelto por la CTERA.

Los paros del 30 de abril contra las medidas económicas del Gobierno nacional, el segundo convocado por la CGT el 29 de mayo, y los dos de este mes por los incidentes patagónicos, volvieron a poner a los alumnos sanjuaninos de rehenes en esta coyuntura de un sindicalismo politizado por demás, en un año electoral. Afortunadamente el docente local tiene mayor responsabilidad que las cúpulas gremiales y lo manifiesta no adhiriendo a huelgas antojadizas, para no perjudicar al alumnado. También es lógica la decisión ministerial de "día trabajado, día pagado", para reconocer el presentismo.

De continuar las presiones sindicales con motivaciones ideológicas o políticas, este año tampoco se cumplirá la meta mínima de 180 días de clases, establecida por la ley 25.865 y, mucho menos, el objetivo de llegar a los 190 días áulicos establecidos en las resoluciones 94/10 y 165/11, del Consejo Federal de Educación para sumar días de clase en forma progresiva. Aunque los funcionarios suelen indicar que se buscará la forma de compensar la pérdida de clases, esa posibilidad es incierta, parcial y relativa ante el daño producido.

El año pasado los alumnos de Neuquén tuvieron 55 días sin clases, los de Chaco 54, en Santa Cruz hubo 33 paros y en Buenos Aires 30, para citar los lugares más conflictivos en ese momento. Cabría preguntarse si luego los educandos cumplieron con los objetivos mínimos por más que se haya alargado el calendario escolar. Y lo peor es que el impacto mayor de las huelgas politizadas lo recibe la educación pública, donde asisten los chicos de los sectores más vulnerables, los mismos que el populismo dice defender con estas medidas de fuerza.