La demorada visita a Venezuela de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para imponerse personalmente de la situación política y humanitaria, no parece haber alterado una crisis social desesperante ante una gestión enmarcada en la cuidada rutina diplomática. Si bien la expresidenta chilena anticipó que el próximo 5 de julio presentará un documento con sus conclusiones, los observadores sólo destacan la decisión de dejar en Caracas a tres funcionarios del organismo para recibir denuncias de atropellos a las libertades fundamentales.

Es así que lejos del durísimo pronunciamiento de la OEA sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la visita de la alta comisionada de la ONU ha sido calificada de extremadamente tibia si se tiene en cuenta la magnitud de la crisis que afecta al país caribeño. Para la oposición ha sido extremadamente decepcionante ya que esperaba un enfoque imparcial y una condena sin atenuantes por al cúmulo de pruebas contra el régimen de Nicolás Maduro. Tampoco ha respaldado los esfuerzos de la OEA para que el mundo conozca el drama venezolano como consecuencia de la ilegitimidad del gobierno chavista.

El clima diplomático en que se movió la comisionada lo definió con sus propias palabras. En declaraciones a los medios dijo que su propósito era "trabajar con todos los actores para promover y proteger los derechos humanos'' y recordó que esta no es una crisis desconocida ya que su área elaboró dos informes, en 2017 y 2018 y en marzo último evidenció su preocupación por la reducción del "espacio democrático''. Maduro, por su parte, mostró una faceta afable a la invitada no obstante ser rechazado como usurpador del poder por más de medio centenar de países, y dijo que asumirá con "serenidad las recomendaciones'' de la comisionada para que "mejore Venezuela''.

En definitiva poco podía esperarse de esta misión porque no es la primera vez que la expresidenta chilena muestra una tendencia equidistante ante el drama venezolano, en particular por los 800 presos políticos por causa de conciencia, y los procesos instrumentados por una justicia parcial que responde al autoritarismo de Maduro. Tampoco las torturas y el éxodo de desplazados son asuntos para tratarlos con amabilidades diplomáticas.

Es lamentable que en ciertos organismos multilaterales haya primado la politización y la ideología antes que la condena a la violación sistemática a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que es firmante Venezuela.