Venezuela enfrenta una delicada situación financiera, consecuencia del colapso chavista en una nación paralizada por la crisis política y social que mantiene las protestas a pesar de decenas de víctimas fatales. El régimen de Nicolás Maduro está acosado tanto por el caos social como por un endeudamiento crónico cada vez más cercano a la cesación de pagos. 

En un país que depende casi exclusivamente de los ingresos del petróleo, el fuerte desplome de los precios del crudo obliga a buscar salvajes financieros en un contexto diferente al de las operaciones habituales de mercado, por tratarse de un país con alto riesgo de insolvencia, aunque sea rico potencialmente. A este panorama se suma el perfil político, ya que las últimas operaciones recibieron durísimas críticas de la Asamblea Nacional (parlamento), de mayoría opositora, que acusa a los bancos de financiar a una dictadura y aumentar los niveles de conflictividad social. Estas manifestaciones incluso se han exteriorizado en el exterior, caso de las reacciones en Estados Unidos por la reciente operación de Venezuela con el especulativo Goldman Sachs por 2.800 millones de dólares. 

La bancarrota es tan grande, que durante la presente semana el Gobierno venezolano ha estado negociando con Rusia una reestructuración de su deuda por 1.000 millones de dólares, además de ofrecer en otras plazas bonos con grandes descuentos con el objetivo de disponer de dinero fresco para cubrir el colosal desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros productos básicos requeridos por la sufrida población. 

Lo preocupante es que la firmeza de Maduro está llevando al país caribeño a la cesación de pagos. Venezuela incumplió cancelar 30 millones de dólares correspondientes a intereses de préstamos otorgados por el Banco de Desarrollo de América latina, con sede en Caracas, la herramienta financiera de la Corporación Andina de Fomento (CAF). La mora, reiterada, ha entrado en un período de gracia contractual de un mes, antes de declararse la cesación de pagos. Este banco de fomento está conformado por 19 países -17 de América latina y el Caribe más España y Portugal- y 13 bancos privados de la región.