La ley nacional 26.150, sancionada en 2006, estableció la Educación Sexual Integral (ESI) para garantizar, desde una perspectiva de género, la inclusión de todos los aspectos de la diversidad sexual para los estudiantes de diferentes niveles y establecimientos educativos del país.
La norma destinada a impartir enseñanza para una sexualidad responsable tuvo tanta polémica que nunca pudo ser implementada en letra y espíritu. De todas maneras la ley tiene imprecisiones dando lugar a diferentes interpretaciones; por ejemplo en los colegios privados y de orientación religiosa bonaerenses no se enseña porque se aferran a un artículo que habla sobre “las convicciones” de los miembros de la escuela.
Ahora el Consejo Federal de Educación, integrado por todos los ministros del área del país, ha resuelto que la ESI será obligatoria con un contenido mínimo que los estudiantes deberán aprender y aprobar como una asignatura más de la currícula. Es una educación necesaria que plantea la integración de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, es decir no se basa solamente en una enseñanza acerca de las relaciones sexuales, ni se reduce a las formas de prevenir embarazos o enfermedades.
El término “educación sexual integral” hace referencia a los saberes y habilidades para la toma de decisiones responsables y críticas en relación con los derechos de los niños y los adolescentes, al cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, la información y la sexualidad.
En la reciente reunión ministerial se presentó además el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, sobre el trabajo articulado de tres ministerios nacionales -Educación, Salud y Desarrollo Social- a fin de que las provincias puedan aplicar la misma articulación a nivel jurisdiccional.
La educación sexual realmente era una asignatura pendiente en la Argentina. No sólo son simples apreciaciones sino se comprobó en los resultados del Operativo Aprender, donde ocho de cada diez alumnos la mencionaron como un tema que falta en las escuelas. Esta misma observación la hizo oportunamente la Unesco, pero durante la última década fue una ley olvidada. Nunca estuvo presente como exigencia a las autoridades en las movilizaciones del feminismo ideológico que impulsa la despenalización del aborto.