El proyecto sobre la despenalización de la interrupción del embarazo, ampliamente discutido en el Congreso de la Nación y en el plano mediático por diferentes sectores de la sociedad, dejó al descubierto el incumplimiento de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) sancionada en octubre de 2006. Los sectores enfrentados duramente por el proyecto de legalizar el aborto coincidieron en el reclamo de la educación sexual como un derecho fundamental.
La deuda, de casi 12 años, se manifiesta en las opiniones de los propios adolescentes que deben orientarse por consejos de otros jóvenes o buscarlos por Internet para hacer frente al despertar de la sexualidad, como lo han manifestado en una nota de este diario. La encuesta publicada tiene un título categórico: "El 80% de los jóvenes aprendió sobre el uso de anticonceptivos en la calle".
Lo que expresan los chicos en San Juan no difiere del contexto del país porque esta educación prácticamente no se aplica en ningún nivel educativo. No hay ambigüedades en la ley ni es opcional. Por el contrario, con sólo leer el primer artículo se observa la grave omisión: "Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada (…) entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos psicológicos, sociales, afectivos y éticos".
La letra y espíritu que ordena el cumplimiento está fuera de discusión, no así la implementación de una materia que se viene soslayando por causas que van desde la capacitación docente hasta el financiamiento. El contenido curricular debe contar con asesoramiento de especialistas a fin de que el proyecto se cumpla integralmente y los alumnos respondan al aprendizaje como cualquier otra materia de estudio.
La situación tiende a cambiar, por lo menos en nuestra provincia, a partir del ciclo lectivo 2019. El ministro de Educación, Felipe de los Ríos, informó que el área está formando a docentes para el dictado de educación sexual como materia obligatoria, es decir sin los talleres o la transversalidad actual. Es lo que corresponde y demanda la ley de ESI porque se trata de una cuestión de educación pública y como tal los establecimientos de todas las jurisdicciones deben cumplir con la currícula.
La educación pública es un derecho constitucional y ante un reclamo unánime como lo han planteado los propios adolescentes encuestados por este diario, debe cumplirse con todos los recaudos necesarios para superar este vacío inexplicable.