Como se sabe, Internet es una herramienta insustituible en la globalización de las comunicaciones y de vital importancia desde la imposición del aislamiento social por la pandemia, pero la masificación del uso tiene sus riesgos como la vulnerabilidad de los datos personales exigidos por las autoridades para otorgar los permisos de circulación, desde el tránsito de los trabajadores esenciales hasta la última apertura para el turismo interno en la provincia. Las solicitudes de los 274.944 sanjuaninos desde la flexibilización de la cuarentena se analizaron y en base a las prioridades se otorgaron 27.197 permisos.


En estos meses el trámite oficial por la web se consignaron datos precisos de cada solicitante, incluyendo dirección personal y laboral, teléfonos, correo electrónico y más detalles últimamente, si se iba de turismo a algún departamento requiriendo información de la movilidad, acompañantes y hospedaje de destino, ya sea particular o rentado. Sin duda estos datos priorizan la situación sanitaria pensada en el bien común, de la misma forma que se controlan celosamente los corredores de ingreso a San Juan.


La crisis actual enfrenta confidencialidad con emergencia y por ello el temor de la ciudadanía involucrada respecto al destino de esa base de datos cuando se haya controlado el coronavirus. Si esos datos llegan a un delincuente, puede solicitar un préstamo, una tarjeta de crédito u otro ilícito en virtud de que Internet evita trámites bancarios o compras presenciales gracias los sistemas electrónicos, entre tantas maniobras y delitos financieros amparados en el anonimato. Y también pueden utilizarse en las ofertas y compulsas online.


El riesgo potencial de la vulnerabilidad de los datos personales no es de ahora sino uno de los derechos humanos contemplados en la ley 25.326 de habeas data de protección a la intimidad de las personas frente a las nuevas tecnologías y la democratización en el acceso a la información. Es una garantía constitucional, incluyendo el reconocimiento de la dignidad de la persona señalada en el Pacto de San José de Costa Rica. Este resguardo incluye los bancos de datos públicos y privados especificados en el régimen legal de la norma sancionada en 2000.


En virtud de esta legislación debe darse seguridades a la población de que los datos en poder de las autoridades no pueden ser utilizados fuera de los protocolos y disposiciones inherentes a la emergencia sanitaria, de manera que una vez de vuelta a la normalidad tal información sea destruida de los archivos circunstanciales motivados por la pandemia. No deben quedar dudas del resguardo de la seguridad y confiabilidad de una información sensible que puede causar mucho daño ya sea por desviaciones, intencionales o no, teniendo en cuenta la facilidad de los hacker para acceder al sistema.