Más de un millón de migrantes llegó a Europa en 2015 y desató una de las mayores crisis políticas dentro del bloque por el tratamiento que debían hacer los gobiernos con los refugiados, la mayoría huyendo de la guerra en Siria. El flujo de irregulares ha continuado, aunque en menor escala -unos 170.000 el año pasado-, y la responsabilidad de tratar las solicitudes de asilo es el punto detonante que viene buscando neutralizar la Comisión Europea, para lo cual ha presentado el llamado Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo.

La reforma de Bruselas debe ser aceptada por la comunidad de naciones y, según asegura, representa un equilibrio justo y razonable entre responsabilidad y solidaridad, a fin de que más países acepten acoger a migrantes ilegales que llegan a las costas del continente huyendo de las guerras o de la pobreza, cuando no perecen en la sucesión de naufragios en el Mar Mediterráneo. Además se refuerzan los controles fronterizos y los mecanismos de reenvío de los irregulares a sus países de origen.

El problema de los refugiados ilegales es una cuestión pendiente en Europa desde hace cinco años, generando conflictos internos y acusaciones cruzadas entre países costeros como destino de esta avalancha, y los otros que los frenaban en sus fronteras al intentar reubicarse para establecerse definitivamente. Todos por igual solicitaron al Comisariado europeo una nueva política de contención y distribución que debía presentarse en el primer semestre de este año, pero se postergó por la pandemia.

Pero las críticas a la UE arreciaron este mes luego de que un incendio destruyera el mayor campo de refugiados del continente, en Grecia, y dejara sin techo a unas 12.500 personas que malvivían en un lugar con capacidad para 2750. Este drama apuró el nuevo pacto que deberán discutir ahora los 27 gobiernos europeos con posiciones muy enfrentadas con el sistema propuesto para una migración predecible y sustentable.

Ya hubo rechazo a cualquier idea de reubicación obligatoria por el riesgo de incitar a la inmigración ilegal, como lo hizo el llamado Grupo de Visegrado, integrado por Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa, al que se sumaron Eslovenia, Letonia y Estonia que piden mayor asistencia financiera y operativa para los países de llegada de los migrantes. En realidad nadie quiere tener refugiados en su suelo y las discusiones podrían ser el mayor enfrentamiento político en la historia de la UE.