El plan económico que lleva adelante el Gobierno nacional ,que para algunos es correcto y para otros no tanto, no es el único responsable de las dificultades económicas y financieras por las que atraviesa el país. Gran parte de los desequilibrios, causantes de una inflación que supera el 40% anual y de un índice de pobreza que en sus últimas mediciones alcanzó el 32 %, tienen su origen en el excesivo gasto público del Estado que, a pesar de las promesas de reducción, continúa siendo muy elevado.
Si analizamos los últimos 67 años de la historia Argentina, desde que se produjo una de las primeras crisis inflacionarias de importancia, en 1952, llegamos a la conclusión de que cada vez que al país le tocó atravesar por serias dificultades económicas-financieras fue la inflación la responsable de afectar el valor de la moneda, ahuyentar inversiones y provocar el cierre de industrias con despidos masivos y el quiebre de empresas. Además fue consecuencia de emitir dinero para cubrir los faltantes, lo que provocó que la gente perdiera la confianza en la moneda.
Gran parte del fenómeno inflacionario lo generan las excesivas erogaciones por parte del Estado, muchas de ellas improductivas, y que deben ser cubiertas con una mayor presión fiscal sobre los sectores más productivos. Esto hace que buena parte de la riqueza colectiva que se genera se desvíe necesariamente a los gastos corrientes del gobierno.
Es necesario y urgente que el Gobierno nacional realice una efectiva reducción del gasto público, comenzando de inmediato con una reducción de las carteras ministeriales. Si bien, a fines del año pasado hubo un achique que llevó de 22 a 11 los ministerios, en la práctica no hubo una reducción de funcionarios ni de empleados, ya que la mayoría de ellos fueron reubicados en secretarías, subsecretarías y direcciones, casi en las mismas condiciones en que estaban. Hay que seguir reduciendo el uso de movilidades oficiales y prescindiendo de cargos innecesarios y de organismos estatales que no tienen una clara finalidad o que se superponen en actividades y objetivos. También hay que proceder con la reducción de asesorías o consultoras que tercerizan servicios para el Estado; la eliminación de las jubilaciones de privilegio; contrataciones dudosas y otros tantos excesos que son históricos y que ninguna administración se anima a eliminarlos.
Ante la necesidad de una reforma estructural, el Gobierno ya debería haber implementado un plan gradual de manera que el tan anhelado achique del Estado se concrete en la forma menos traumática posible.