Ya no se trata de una sensación. Estamos inmersos en un panorama complejo referido a la falta de seguridad en la que el ciudadano común no sabe en qué momento puede llegar a ser víctima de un hecho delictivo que acabe con su vida.


En las últimas semanas los hechos de violencia se han sucedido demostrando que nadie puede considerarse a salvo, en una sociedad que cada vez se muestra más convulsionada y atemorizada por la forma en que la delincuencia actúa. Este fenómeno ha llevado a establecer que, en estos momentos, "la inseguridad es la principal preocupación no económica de los argentinos". Una afirmación que se basa en la premisa de que la economía se puede corregir de una u otra forma, pero la inseguridad nace de un estilo de vida, que se hace muy difícil cambiar, y que hay que controlar para evitar los desbordes que están ocurriendo.


Desde el ataque al turista sueco Christoffer Persson, en la zona de San Telmo, que terminó con una pierna amputada por los balazos que recibió el pasado 30 de diciembre, los hechos de violencia no han cesado y, consecuentemente, hubo un aumento de la criminalidad en Buenos Aires y otras capitales del país. La policía informó que a diario hay intentos de robos en la vía pública o en domicilios particulares, constituyendo una ola delictiva que preocupa y que debe ser controlada con una mayor acción policial.


Además del caso de Persson, está el del ferretero de 88 años que mató a un ladrón de 28, que intentó asaltarlo en el Partido de San Fernando, Buenos Aires; la mujer de 61 años que fue apuñalada por su vecino en la ciudad de La Plata o el empresario de la curtiembre, de 51 años, que fue asesinado en Bernal por cinco delincuentes que ingresaron a su casa con fines de robo. En nuestra provincia también hay una serie de hechos que han tenido lugar en los últimos días, como el asalto a mano armada en una farmacia de Santa Lucía, una modalidad que comienza a ser cada vez más usual.


Dentro de este panorama está la vinculación que existe entre los inmigrantes y la delincuencia, ya que se ha determinado que sólo en la ciudad Buenos Aires los extranjeros residentes cometieron el 17% de los delitos en 2018. Nace acá la necesidad del Gobierno de establecer por ley el régimen que agilice la expulsión de lo extranjeros que delinquen, como una forma de solucionar este problema que afecta a todos. El tema es impulsado por el Ministerio de Seguridad pero, como siempre ocurre, la oposición oficial lo está objetando oponiéndose a una medida que contribuirá a disminuir los índices de delincuencia.