A partir del miércoles próximo el Gobierno nacional comenzará a exigir a todos los extranjeros que quieran radicarse en el país, un certificado en el que conste 10 años sin antecedentes penales, una medida con la que se busca controlar la inmigración en busca de mejorar los niveles de seguridad que se han visto afectados por una gran cantidad de hechos delictivos con la participación de individuos provenientes del extranjero.
Hasta ahora quienes iniciaban el trámite para solicitar la residencia permanente debían presentar un certificado que acreditaba que no registraban condenas anteriores ni procesos penales emitidos por las autoridades competentes de los países donde hayan residido por un plazo superior a un año, durante los últimos tres años. Ahora lo que se pretende con la nueva certificación es garantizar que todas las personas que ingresen a la Argentina con el objeto de radicarse, no tengan condenas previas que queden ocultas por la legislación de cada país.
Un punto cuestionable de la medida es que no es retroactiva, por lo que quedan fuera de la exigencia unos 680.000 extranjeros que en los últimos tres años ingresaron al país con el aval de la Dirección de Migraciones.
El 80% de estos inmigrantes se radicaron en la ciudad de Buenos Aires o el conurbano bonaerense. El resto tuvo como destino otras capitales del interior del país, como Rosario, provincia de Santa Fe o Córdoba. La procedencia de la mayoría corresponde a países de la región como Paraguay, Bolivia y Venezuela.
La exigencia está basada en el "principio de reciprocidad" establecido por la Ley de Migraciones sancionada en 2003, que establece el derecho internacional de cooperación entre países, y complementa otras acciones como la incorporación de la base de datos de Interpol. También tiene cierta interrelación con la Ley de Extrañamiento y la reforma de la Ley de Migraciones impulsada por el actual Gobierno, por la que se agiliza la expulsión de inmigrantes condenadas judicialmente al cumplir la mitad de su pena.
Con esta acción se tratará de mejorar la seguridad en función de la inmigración sin que la Argentina cambie su condición de país abierto a todos los que vienen a trabajar, producir y a estudiar.