En el primer semestre del año, los distintos sectores laborales están acordando sus respectivas pautas salariales en reuniones paritarias que no siempre se resuelven favorablemente. Las negociaciones en algunos casos son conflictivas y cuando no surge un acuerdo se disponen indebidamente medidas de fuerzas que de una u otra manera terminan perjudicado a la comunidad en general ya sea que se cumplan o no, manteniendo en vilo a la gente que tiene que estar atenta para ver si al día siguiente contará con los servicios necesarios.

En algún momento estos planteos tienen incidencia en los bancos; sectores de la administración pública provincial o nacional; servicio de transporte público de pasajeros; municipios y hasta las estaciones de servicio encargadas del expendio de combustibles. A estos reclamos hay que sumar la acción de aquellos grupos que se movilizan por la vía pública pidiendo aumentos de la ayuda social, que si bien no inciden en ninguna actividad específica dificultan el tránsito que, por lo general, es desviado provocando demoras y dificultades para que el resto de la gente llegue a sus lugares de trabajo o cumpla con sus obligaciones.

Todos conocen que no hay peor situación que enfrentarse a la suspensión de un servicio motivado por un reclamo sectorial o tener que dejar de hacer un trámite porque la oficina de turno no trabaja a causa de un planteo efectuado oportunamente. Lo peor de esta situación es cuando la medida es de improviso, aunque cuando está anunciada -como ocurrió recientemente con la medida de fuerza que estuvo a punto de implementar UTA (Unión Tranviarios Automotores)- hizo que la gente usuaria del servicio de ómnibus estuviera en vilo hasta que se dispuso lo contrario.

Situaciones como la mencionada se han hecho comunes en los últimos meses, lo que representa un despropósito para un país que necesita trabajar continuamente para recuperar su fuerza laboral y productiva. Por más que los reclamos puedan estar justificados, no se puede estar amenazando constantemente con suspender las actividades cuando lo que hace falta es la certeza de que todo siga funcionando normalmente para garantizar la continuidad y, consecuentemente, el desarrollo en cada rubro.

Negociar un acuerdo de partes no significa que si lo resuelto no es favorable para alguno de los sectores se dispondrá de inmediato un enfrentamiento que resultará conflictivo para todos, especialmente para la comunidad que es la que paga el costo de las medidas de fuerza. Hay que aprender, en todos los órdenes de la vida, a consensuar para no perjudicar a los demás.