Una actitud desconcertante es la que muestra la República Argentina entorno a la investigación de la megacausa de corrupción de la firma Odebrecht. Así como nuestro país está entre los tres primeros en solicitar datos del denominado 'Lava Jato'', también está entre los más incumplidores a la hora de acceder a esas pruebas, una forma de no cumplir con acuerdos previos o manifestar la voluntad de esclarecer maniobras delictivas que se habrían cometido dentro de esta ola de corrupción que afectó a toda América latina.

Son 12 los pedidos de datos que concretó la Argentina a las autoridades brasileñas, superada tan sólo por Perú y Panamá que elevaron 68 y 18 solicitudes, respectivamente. Después de Argentina está Colombia con 8 pedidos; Ecuador con 4; México con 3; República Dominicana con 3 y Guatemala y Venezuela con 1 cada uno.

Transparencia Internacional, la organización que está abocada con mayor presencia a la investigación de Odebrecht ha elevado su reclamo, vinculado a la poca colaboración argentina, al Supremo Tribunal Federal (STF) mediante un informe que plantea la situación y que ha titulado "Estorbos en la cooperación jurídica internacional". 

Debido a esta falta de colaboración, los fiscales que intervienen en el caso están afrontando una difícil situación desde mayo de 2016. Cada vez que requieren la colaboración de funcionarios argentinos, éstos no responden a lo solicitado ocasionando enormes pérdidas de tiempo y un lento avance en los procesos.

La corriente anticorrupción que se estableció en nuestro país desde la asunción del actual Gobierno nacional, debe ser suficiente inspiración para que todos se sumen al esclarecimiento de uno de los casos de corrupción más grande de la región. Argentina debería haber pasado de su condición de país solicitante de datos vinculados al Lava Jato, a la lista de países que ya han firmado un acuerdo de cooperación con Brasil entre los que se encuentra República Dominicana, Ecuador, Guatemala y Perú.

Con todos los antecedentes que existen, se debería haber comprendido en nuestro país que la cooperación internacional es fundamental para investigar y dar con los culpables de los casos de corrupción que se han sucedido en esta parte del mundo. Ojalá haya un cambio de actitud en este procedimiento en el que se está investigando, nada más ni nada menos, que las coimas pagadas a funcionarios argentinos y brasileños por Odebrecht y sus consorcistas para ganar tres proyectos de obra pública en la Argentina por U$S2.200 millones.