En los recientes disturbios ocurridos en la Plaza de los Congresos, impulsados por la izquierda y el kirchnerismo para impedir el tratamiento legislativo del nuevo Presupuesto, se produjo la detención de cuatro activistas extranjeros entre los 23 acusados de encabezar los actos de violencia. La presencia en la revuelta de gente con ciudadanía turca, venezolana y paraguaya, exige una revisión profunda de la política migratoria argentina.

La gravedad de la turba que intentaba tomar el Congreso arrojando piedras, bombas molotov y palos contra las fuerzas de seguridad, no deja dudas sobre las intenciones de los agitadores y causa mayor sorpresa que entre los cabecillas estuvieran ciudadanos de otros países.

Trascendió, además, que los venezolanos implicados pudieran ser agentes del gobierno de Nicolás Maduro, con una estrategia similar a los chavistas infiltrados en la caravana de migrantes centroamericanos que se dirige a la frontera estadounidense. Es más, el presidente de Honduras acusa directamente a Venezuela de financiar esa marcha.

Pero fuera de las especulaciones, lo que nos importa es disponer de las herramientas legales para proceder de inmediato a la expulsión de gente que desvirtúa los principios republicanos de abrir la puerta a los extranjeros de buena voluntad que quieran afincarse entre nosotros. Algo se avanzó el año pasado con el decreto 70/2017 destinado a actualizar la reglamentación de la ley 25.871 de Migraciones.

Pero este decreto está frenado por un fallo de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que dio curso a un planteo de inconstitucionalidad presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Esta chicana, de la entidad que preside Horacio Verbitsky, ideólogo de la izquierda combativa, movió al Gobierno nacional a recurrir a la Corte Suprema de Justicia ante la necesidad de garantizar la seguridad de la población.

El rompecabezas comienza a armarse: por un lado los activistas violentos, luego los diputados de izquierda que salieron a la calle a parar a los carros hidrantes, y la judicialización en nombre de la "inocente" protesta social que pregonan, dejan las manos atadas a las autoridades. Más por la lentitud de la Justicia.

Sin embargo algo se puede hacer desde el Poder Ejecutivo y es alentador escuchar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decir que no se permitirá más la presencia de manifestantes de cara tapada ni con mochilas o bolsos donde escondan piedras y otros proyectiles, o elementos para el ataque.