Por estos días, el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, quien se impuso en las elecciones de diciembre pasado y permanece desde hace varios meses radicado en Bruselas ante la posibilidad concreta de que sea encarcelado si regresa a España, ha recibido varias propuestas para que renuncie a ser presidente a cambio de asumir un cargo simbólico que posibilitaría un reconocimiento de su figura y acabaría con el alcance del artículo 155 de la Constitución de España que determina el arresto del líder político al momento de regresar a Barcelona.
Lógicamente, a Puigdemont no le cautiva la idea ya que sostiene que la suya es la única investidura posible. Pero representantes de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) se han encargado de hacerle ver la conveniencia de ese acuerdo, teniendo en cuenta que "está más acorralado que nunca'', como lo han expresado las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria.
La tozudez de Puigdemont es increíble. Por más que cuente con una mayoría que lo beneficia en el proceso de formar gobierno, el hecho de no haber acatado lo dispuesto por la Constitución de España y haber huido a Bruselas para evitar caer preso, lo coloca en una condición de prófugo de la justicia española que le quita autoridad. Puigdemont resiste en Bélgica un proceso que él mismo sabe va de mayor a menor, con la única ventaja de que las demás fuerzas políticas con representación parlamentaria desean llegar a un acuerdo para restablecer las relaciones entre España y Cataluña.
De renunciar Puigdemont a la presidencia de la Generalitat, los integrantes de ERC consideran que podrán reclamar la elección efectiva de un presidente; proceder con la formación del gobierno y levantar el artículo 155. Tres medidas que son necesarias para normalizar la actual situación política y administrativa de Cataluña pero que, de todas formas, son demasiadas contemplativas para un líder político que ha transgredido normas constitucionales declarando la independencia de una autonomía, en total oposición al gobierno central español, que en ningún momento aceptó este procedimiento.
Mientras las negociaciones se dilatan, debido al capricho y la soberbia de un grupo de independentistas, encabezados por Puigdemont, Cataluña sigue sin poder superar una de sus mayores crisis económicas producida por el traslado de grandes empresas a otras regiones de España, actitud que fue tomada a partir de la amenaza de secesión.
