En este año electoral de medio tiempo institucional, la pandemia generó un debate sobre lo que podría suceder con el movimiento de personas en la campaña y la posterior realización de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), previstas en principio para agosto venidero y un de mes después los comicios legislativos. Finalmente el escenario epidemiológico del país hizo entrar en razón a los sectores más intransigentes que sólo miraban las tendencias especulativas de la confrontación comicial.


El tema comenzó con declaraciones y puntos de vista en febrero pasado, cuando todavía no se insinuaba la segunda ola de coronavirus que golpea ahora con fuerza, y numerosas versiones sobre la cuestión comenzaron a circular con visos de verdad, como el pedido del Gobierno nacional a voceros políticos y algunos gobernadores acerca de la conveniencia de cambiar la fecha del calendario electoral por la situación sanitaria.


Como ha dicho el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, las reglas de juego en materia electoral son producto del consenso y el acuerdo de la gran mayoría de las fuerzas políticas, y esa coincidencia se logró el viernes último para fijar, por única vez, la votación de las primarias el 12 de septiembre y el 14 de noviembre las legislativas. Esto quedará en firme mediante un proyecto de ley a debatirse en los próximos días luego que llegue al Congreso el borrador del Poder Ejecutivo.


En materia política, y más si se avecinan fechas electorales, las estrategias y las especulaciones afloran con argumentos atendibles sólo por la futurología, como saber si el panorama sanitario de septiembre será muy distinto al de agosto, y quienes lo plantean se remiten a los comicios realizados en 50 países en plena pandemia sin que hayan existido consecuencias que lamentar. Por eso hablaban de "trampa" ciertos voceros opositores, o de "ganar tiempo" en el gobierno ante un resultado que le sería desfavorable.


En realidad el sentido común dice que las PASO nunca deberían hacerse, y menos en pandemia y con una economía en picada. El presupuesto nacional prevé este año un gasto electoral de 7.821 millones de pesos, de los cuales 3.081 millones corresponden a la organización de las Primarias, es decir, el 40% de los fondos electorales. Además las generales demandarían 2.765 millones y un eventual ballotage otros 1.975 millones, cifras ajustables. Por eso las primarias, inventadas por el kircherismo en 2011, no deberían existir por el bien de la democracia y los fondos públicos.