En el Gobierno nacional están intentando por todos los medios explicar que el impuesto a los bienes personales que pagarán los inmuebles rurales, también conocido como el impuesto a la riqueza, no es muy significativo y que además será coparticipable con las provincias como compensación por la eliminación del Fondo Sojero. Pero ninguno de estos argumentos alcanzan para convencer a los dirigentes del campo, que ven en la implementación del impuesto una nueva carga impositiva que para ellos representa una doble imposición, porque los campos son unidades productivas que ya pagan el impuesto inmobiliario rural.

Lo malo del nuevo tributo es que empareja una situación que la gente del campo creía que los iba a beneficiar. El 33% del tope que regirá para la soja y el equivalente al 12% para los otros cultivos, que implica una carga impositiva menor a que estuvo rigiendo durante el gobierno kirchnerista, ahora se verá alcanzada y, tal vez, superada por la nueva imposición. Esto representa un duro golpe para un sector de la producción que en plena crisis económica financiera sigue asegurando el ingreso de divisas al país en una forma genuina.

No se puede admitir que en momentos en que se está hablando de alcanzar el déficit cero en materia presupuestaria, se tengan que seguir implementando impuestos que castigan a los que producen.

Los gobiernos, nacional y provincial deben continuar con el achique de gastos a fin de que en algún momento se termine con el déficit fiscal, que lisa y llanamente es gastar más de lo que se recauda.

Todos, oficialistas y opositores deben prestar especial atención sobre la creación de estos nuevos impuestos ya que de lo contrario el Gobierno nacional no terminará nunca de definir el ajuste que debe hacer y seguirá recurriendo a nuevas cargas impositivas cada vez que necesite fondos para sus requerimientos.

Sostener que este impuesto es lógico, ya que cuando se derogó el tributo a la Ganancia Mínima Presunta esos inmuebles quedaron fuera de toda imposición al patrimonio, ocasionando desigualdad respecto de los inmuebles urbanos alquilados, no convence a nadie ya que no es suplantar unos impuestos por otros. En lo que se debería enfocar el Gobierno es en la posibilidad de reducir impuestos y, dentro de lo posible, eliminar algunos tributos que afectan la producción.

Es el Gobierno el que debe promover su autoajuste y no pretender seguir sacando de los sectores productivos más recursos con el sólo objeto de mantener un Estado sobredimensionado y poco efectivo a la hora de administrar los recursos que todos aportamos.