Se aproxima el día en que está previsto que Nicolás Maduro reasuma, por un nuevo período, la presidencia de Venezuela y crece la disconformidad y la oposición a un acto viciado por la nulidad, ya que se asegura que el triunfo electoral que lo llevará a ocupar este lugar lo obtuvo en unas elecciones fraudulentas, al no haber participado la mayor parte de la población.

Hasta mañana, 10 de enero, no se tendrá la certeza sobre la forma en que Maduro contrarrestará las voces en contra de su obstinación en seguir ostentando el poder de un país que cada vez está más inmerso en una de las crisis políticas, económicas, financieras y sociales más grave que se recuerden, con una inflación proyectada por el FMI que alcanza la astronómica cifra de 1.000.000 por ciento.

La reelección que le permitirá a Maduro continuar ejerciendo la presidencia por 6 años más, la consiguió el año pasado en unos comicios seriamente cuestionados por la oposición y la comunidad internacional representada por unos 51 países, la mayoría de la Región; la OEA; la Unión Europea; el Grupo de Lima, que integra Argentina, y el Grupo de los 7. Todos desconocen esta reelección porque consideran que los comicios fueron ilegales, al no haber cumplido con los estándares internacionales en procesos electorales.

La gestión de Maduro desde hace 5 años (asumió en abril de 2013 después de la muerte de Hugo Chávez) ha sido totalmente caótica y ha provocado que Venezuela caiga en la peor crisis de su historia. Esto ha desencadenado en todo el país violencia y hambre y la consecuente salida de venezolanos a países limítrofes, en una de las inmigraciones más populosas que se recuerden en América del Sur. Se calcula que en los últimos años más de 1,6 millones de personas emigraron de este país que tiene una población total estimada en más de 30 millones de habitantes.

Los ataques a las instituciones y a sectores como la prensa han sido permanentes en estos últimos años, lo que ha llevado a grandes diarios como El Nacional a interrumpir sus ediciones en los últimos días de diciembre, por trabas impuestas para conseguir papel y por las permanentes amenazas provenientes del gobierno.

Un régimen cuestionable en todo sentido que, por más que reasuma nuevamente el poder, no tendrá el reconocimiento de la mayoría de los países continuando por un camino signado por la marginalidad y la ilegalidad que no le permitirán salir de un estado de crisis que para muchos es terminal.