Si todo marcha como hasta ahora en el ámbito de la Justicia, en particular en el fuero federal, en abril del año que viene podría quedar en libertad el empresario Lázaro Báez, con prisión preventiva que debe cesar en algo más de cinco meses si este caso emblemático de la corrupción kirchnerista no tiene condena firme. El hecho, de concretarse, irritaría a una ciudadanía que sigue expectante ante la sucesión de delitos por lo que han sido procesados funcionarios del gobierno anterior y provocaría una catarata de críticas a los magistrados, como ocurre ahora con los jueces garantistas que liberan a criminales reincidentes.
Estos ejemplos reflejan la situación de uno de los poderes del Estado que se desenvuelve en la obsolescencia legal, administrativa y funcional, aplicando normas de gestión perimidas con más de un siglo de existencia. Pero la morosidad operativa no sólo es producto de la desactualización al no incorporarse las herramientas informáticas modernas para simplificar pasos procesales, sino también por prerrogativas desvirtuadas en el tiempo, como las “ferias” creadas para poner al día el trabajo tribunalicio pero que en la práctica significan 45 días de vacaciones anuales.
El proyecto del Gobierno nacional, presentado el año pasado como Justicia 2020, apunta a producir un cambio profundo en la administración de justicia, de manera de actualizar todo el sistema mediante tres metas: la cercanía a la gente, modernidad funcional e independencia ejecutiva. Sobre esta base los equipos de especialistas están avanzando en los siete ejes trazados por el Ministerio de Justicia. Se trata del institucional, penal, civil, derechos humanos, gestión, acceso a la Justicia y relación con la comunidad. Esto forma el paquete de leyes enviado al Congreso, con un último agregado tendiente a recortar el mandato del Procurador General de la Nación.
El Consejo de la Magistratura, manejado por el poder de turno, es otro escollo para disponer de magistrados idóneos y sin compromisos políticos. En realidad toda la cadena institucional debería estar lejos de la política circunstancial, negociando nombres para designaciones aprobadas por mayorías parlamentarias. Las metas del programa Justicia 2020 ya deberían estar en proceso de concreción en todos los ámbitos tribunalicios del país. San Juan ya está en camino de esta modernización reclamada, incorporando recursos electrónicos e informáticos a la oralidad.