El tercer intento del Gobierno nacional destinado a actualizar la legislación laboral estaría listo para ser enviado al Congreso nacional, a fin de que sea debatido en el próximo período de sesiones ordinarias y, de acuerdo a los trascendidos de la Casa Rosada, se trata de una modernización del vínculo de los sectores sindicales y empresariales, con el acento en la productividad y bajar los onerosos costos laborales para atenuar el empleo no declarado.

Las fuentes gubernamentales que han participado en la elaboración de este proyecto, evidentemente apuntan a evitar un nuevo fracaso parlamentario y la reacción popular que acompañaron a los debates del año pasado, impulsados por la izquierda combativa y los sindicatos de línea dura. Todo indicaría que esta iniciativa ha sido consensuada con los interesados e intenta reflejar las situaciones de crisis.

Flexibilizar las normas frente a un estado de crisis que involucre a un determinado sector de la producción o de servicios, llevaría a la reducción de las jornadas de trabajo de 8 a 6, o 4 horas, en industrias con problemas, y la formación de un fondo de cese laboral en actividades temporales. De esta forma será sustituida la indemnización y habilitará más acuerdos por productividad.

El blanqueo de trabajadores prevé eximir del pago de multas al empresario que regularice al personal no registrado, un punto destacado del proyecto si se tiene en cuenta que actualmente la Argentina tiene 4,5 millones de asalariados en negro e imposible de ser absorbidos por el empleador frente a los altos costos que demanda el personal registrado.

De hecho, el borrador adelantado por voceros oficiosos, rescata los cambios profundos que se produjeron el año pasado en el sector metalúrgico, donde el gremio y la patronal modificaron el convenio con un esquema de reducción horaria y de suspensiones mensuales para evitar despidos masivos.

La reforma laboral tiene la filosofía, según los adelantos, de la negociación de empleador y empleadores para basar la relación contractual en base a la productividad y la necesidad de reducir los costos laborales. Ya existen ejemplos exitosos en algunos sectores que implementaron este régimen, pero habrá que esperar cómo reciben la idea las cúpulas sindicales, que no quieren que nada cambie porque estas organizaciones viven del conflicto y los enfrentamientos sectoriales donde se asienta el poder de la dirigencia.