La compleja y necesaria reforma tributaria que necesita la Argentina para terminar con la inequidad impositiva para fortalecer la economía y a la vez reducir el enorme déficit fiscal, es una tarea difícil, pero necesaria. El Gobierno nacional tiene un año para presentar al Congreso su propuesta de cambios. El principal esquema se centra en tres impuestos en estudio de la Comisión Bicameral de Reforma Tributaria, creada en el ámbito parlamentario, con un plazo de 365 días.

Ingresos Brutos es el gravamen más distorsivo, porque va directamente sobre la facturación de las empresas y el problema principal es que lo aplican las provincias y cualquier disminución impactará directamente sobre sus ingresos. Le sigue el impuesto a los créditos y débitos bancarios, más conocido como "impuesto al cheque" igual distorsivo por no favorecer al blanqueo de la economía.

Este año vence la prórroga de su aplicación, y el Congreso debe resolverlo: luego está Ganancias, un tributo que en la cuarta categoría alcanza a los empleados en relación de dependencia. Se reclama evitar que más asalariados lo paguen, y eliminarlo totalmente a los jubilados. Finalmente el IVA, con versiones sobre una posible reducción y escaso margen de maniobra. Sólo se avanzó en la devolución del 15% para las compras que realizan jubilados y beneficiarios de planes sociales.

La discusión sobre la reforma tributaria se centra en la necesidad de bajar la presión fiscal en un punto, desde 4,2% a 3,2% del PBI a partir de 2018, aunque esto plantee el reto político que implica disminuir impuestos cuando al mismo tiempo hay que atender las cuentas públicas.

El Poder Ejecutivo nacional busca algún equilibrio o pacto fiscal con los gobernadores para que el gasto público tanto provincial como nacional no aumente por encima de la recaudación, que incluiría congelar las vacantes de estatales. El punto de inflexión puede ser el Impuesto al Cheque, el primero en atacar por la Bicameral.

Este tributo es doblemente injusto, tanto en su aplicación como en la distribución: 70% para la Nación y el 30% para la masa coparticipable, un detonante a la hora de discutir la renovación de este impuesto, que como tantos tenía plazo por única vez.