Los cuestionamientos del Gobierno nacional al Poder Judicial son parte de una política que se insinuó desde la campaña que llevó a Alberto Fernández al poder y con distintas iniciativas para reformarlo, la mayoría carente de legitimidad ante los dictados de la Constitución Nacional. La última ofensiva presidencial fue al inaugurar el período ordinario del Parlamento, al hablar sobre la creación de un "tribunal federal de garantías" que le restaría atribuciones a la Corte Suprema de Justicia.
Ante la aparición de esta propuesta, por esta figura inédita, aparecieron referentes del oficialismo hablando de la creación de una comisión bicameral con atribuciones de analizar a magistrados con juicios políticos de por medio. Todo sumado a la reforma del fuero federal y al proyecto para cambiar las reglas de juego sobre la designación del jefe de los fiscales.
Frente a esta posibilidad, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, salió a poner paños fríos a la polémica al precisar cuál ha sido la intención del presidente Fernández al referirse a un "control cruzado" sobre el Poder Judicial, al plasmar la idea en su discurso ante la Asamblea Legislativa. La comisión bicameral prevista es un órgano de asesoramiento no permanente para un asunto determinado, precisó la funcionaria.
Es decir, este ente no puede arrogarse atribuciones de otros poderes del Estado, por ejemplo cuestiones disciplinarias y sancionatorias porque eso sería claramente inconstitucional. Las limitaciones de la bicameral llegarían a elevar informes para mejorar el funcionamiento de la Justicia, según Losardo, desactivando todas las especulaciones, tanto del oficialismo como de la oposición como también de las críticas de jurisconsultos y constitucionalistas.
En un sistema republicano y democrático como el argentino, nuestra Constitución establece que los poderes del Estado se controlan entre sí y, ante los desaciertos, si corresponde un juicio político, son facultades de organismos establecidos en la propia Carta, en este caso el de la Magistratura, encargado de investigar y aplicar sanciones disciplinarias a los jueces. Por ello es oportuno las críticas efectuadas y las aclaraciones de la ministra al despejar dudas entre tantas contradicciones e incoherencias de la política.
La Justicia es lenta y necesita modernizarse, nadie duda, pero no mejorará con parches, como la última reforma legislativa al Código Procesal Penal, para sumar más aletargamiento.