La iniciación de un período lectivo anual siempre ha sido problemática en nuestro país por la conflictiva relación de los politizados sindicatos docentes que condicionan el dictado de clases a reclamos caprichosos tildados de reivindicaciones laborales y siempre utilizando de rehenes a los alumnos. Los problemas vienen demorando sistemáticamente el comienzo del ciclo con un accionar corporativo que escapa a la negociación puntual ya que las medidas de fuerza las ejecutan con alcance nacional.

Este panorama se presenta en épocas normales, sin contar las adhesiones sindicales a cuestiones ajenas al ámbito educativo pero motorizadas por el sesgo político o ideológico, como el caso Maldonado, para recordar un ejemplo fresco en la memoria de los argentinos. Ahora, en plena pandemia, las clases presenciales reclamadas por los padres y legitimadas por las autoridades garantizando todos los resguardos sanitarios, chocan con la resistencia sindical sin argumentos valederos.

El reparo gremial bonaerense califica de "mentira" los anuncios de la vuelta a las clases el 17 de febrero y el 1 de marzo porque será una "aproximación" a la normalidad con determinada cantidad de alumnos y docentes. Por su parte Alejandra Bonato, secretaria gremial de CTERA, entidad que nuclea a todas las organizaciones de base del país, comparó las clases presenciales con las fiestas clandestinas por el nivel de circulación viral que supuestamente habría en las escuelas.

La dirigencia sindical directamente rechaza el dictado de clases que para el presidente Alberto Fernández es prioritario este año con la seguridad del regreso en marzo con los cuidados del caso, ordenando a la vez al ministro del área, Nicolás Trotta, revisar el plan de estudios a fin de poder recuperar los contenidos de 2020 que fueron soslayados por la emergencia social.

"Yo entiendo que a partir de la cobertura de inmunización no debería haber ninguna oposición por parte de ellos", ha señalado el presidente frente a la posición de la dirigencia sindical, siempre reticente al diálogo con el Estado empleador, anteponiendo las conocidas amenazas que recaen en el alumnado. En una crisis sanitaria como la actual y la urgencia de recuperar los días perdidos por los chicos, las representaciones sindicales deberían dejar de lado los procedimientos combativos para alinearse con el reclamo unánime de volver cuanto antes a las aulas.

Es evidente que se hace muy difícil tratar de consensuar con más de 15 organizaciones sindicales en todo el país y mientras esto no se revierta, las soluciones tardarán en llegar.