En Argentina las cifras oficiales indican que una de cada tres personas presenta un problema de salud mental a partir de los 20 años. Lo que parece una cifra considerable, no es exclusiva de nuestro país ya que es un mal que tras la pandemia del covid-19, desatada entre 2020 y 2021, se ha extendido por todo el mundo con muchas dificultades para ser tratado de la manera más conveniente. Si bien hay países que están dedicando muchos esfuerzos en tratar de contener esta situación que afecta las bases de sus respectivas comunidades, las terapias que están implementando apuntan a que los tratamientos permitan que la gente afectada recupere su estado de bienestar general, que es lo que se pierde con esa afección. En nuestro país, donde el tema de la salud mental ha ocupado en los últimos años un lugar preponderante al haber sido tratado a nivel legislativo, con la modificación de la ley en vigencia, no se ha alcanzado, en la opinión de los especialistas, a optimizar la manera de tener bajo control la gran cantidad de casos que se están dando, dentro de un fenómeno social que hay que analizar exhaustivamente en un marco donde es notable la falta de espacios, entidades o instituciones en las que atiendan estas patologías. Una situación que se da tanto a nivel nacional como en nuestra provincia.

Las manifestaciones de depresión y ansiedad que afectan a un número cada vez mayor de personas son la cara más visible de este flagelo. De ellas, la depresión es la que más inhabilita ya que es un desorden mental que trastoca todos los aspectos de la vida de una persona, es decir el trabajo, las relaciones sociales, la sexualidad, las ganas mismas de vivir. Se calcula que un 5% de la población padece esta patología que puede afectar a personas de cualquier edad, aunque estadísticamente está demostrado que son los jóvenes de entre 18 y 25 años y los adultos mayores quienes en mayor cantidad la están padeciendo.

El espíritu de la Ley de Salud Mental en vigencia en nuestro país tiene como objetivo devolver los derechos humanos a los enfermos con padecimientos psiquiátricos, en forma similar a como se hace en los países más adelantados en este tema. Pero esto no ha sido suficiente para optimizar los tratamientos que requiere gran parte de las personas afectadas, algunas de las cuales necesitan de lugares apropiados y técnicas especiales para alcanzar una mejoría. Al igual que con las adicciones, lo que se pretende con esta legislación es evitar la estigmatización de personas que padecen enfermedades mentales, pero esto no debería incidir en la carencia de sitios para atender y tratar los casos que se van sucediendo.

Hay que acondicionar, dentro del sistema de salud, lugares para el tratamiento de enfermedades mentales que contribuyan a rehabilitar a los afectados con profesionales especializados y con las nuevas técnicas que se están utilizando para evitar el deterioro de la calidad de vida de los pacientes y aquellas conductas que pueden derivar en actos de suicidio, uno de los aspectos que hay que tratar de erradicar con prevención y una atención adecuada.