La nueva ley de vacunas, aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados de la Nación y girada al Senado, donde se espera sea sancionada de igual forma, viene a cubrir una regulación necesaria frente al avance de la ciencia médica y a terminar con una controversia promovida por sectores que se oponen a la prevención sin ninguna argumentación científica que avale esa posición.
También establece una nueva política de Estado en materia de salud pública, ya que actualmente rige la ley 22.909 dictada por el último gobierno de facto, sin prever el efectivo cumplimiento ni la obligatoriedad de la vacunación durante todas las etapas de la vida. Esta exigencia alcanza a todos los habitantes del país y, entre otros principios, establece que las veinte vacunas incorporadas al calendario oficial serán gratuitas.
Este marco legal es de interés nacional y alcanza a la investigación, la vigilancia epidemiológica, la toma de decisiones basadas en la evidencia, adquisición, el almacenamiento, distribución y provisión de vacunas como también su producción. Se actualiza y complementa así una ley de 30 años de vigencia no obstante la evolución y la importancia vital de una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades, e incluso de la desaparición de epidemias.
Lógicamente existen excepciones médicas y cada caso será contemplado en el marco de la obligatoriedad compulsiva, pero de lo que no hay duda es que las vacunas están equiparadas al agua potable en las mayores expectativas de vida. Anualmente salvan tres millones de vidas en el mundo, casi todas de niños, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
No obstante esta realidad, la inmunización constituye uno de los mayores debates en materia de salud en naciones desarrolladas y creó un movimiento antivacunas en el ámbito científico, político, legal y hasta filosófico al sostener que las vacunas contienen componentes de naturaleza tóxica y biológica que conllevan a un riesgo para la salud.
En la Argentina la polémica seguramente no prosperará, porque la ley crea la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas que publicará los efectos colaterales o indeseados de la campaña obligatoria.