La afirmación de que "la violencia está en la sociedad y el fútbol forma parte de ella'' no puede ser utilizada para seguir justificando los hechos de barbarie que se suceden en las canchas de nuestro país. La muerte de Emanuel Balbo, arrojado al vacío desde una de las tribuna del estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba, durante el partido de Belgrano contra Talleres, es una muestra de la intolerancia de los propios hinchas y del desprecio que existe por la vida humana cuando los ánimos se descontrolan y los intereses personales o grupales se traducen en acciones con desenlaces tan lamentables como en este caso.

Las estadísticas señalan que del 2000 a la fecha 125 personas perdieron la vida en hechos vinculados al fútbol, y que de ese total 51 fueron víctimas de choques entre barras de un mismo club. Esto demuestra que la violencia en las canchas no sólo está motivada por simpatías o antagonismos deportivos, sino también por ocupar lugares dentro de una estructura de hinchas que pugnan por escalar posiciones para alcanzar jerarquías y lugares de privilegio, al precio que sea.

Mientras la Justicia continúa investigando qué sucedió en relación a la muerte de Balbo, con más de seis detenidos, las imágenes del momento en que es arrojado desde la tribuna nos asombran y entristecen por la crueldad que transmiten y por la impunidad con la que se observa que actuaron ante la atónita mirada de los efectivos de vigilancia.

Los casos de barras bravas que ocasionaron muerte y destrucción son los que motivan que el fútbol argentino no pueda contar en sus canchas con hinchadas locales y visitantes al mismo tiempo. Por eso causa indignación que ahora esa medida sea insuficiente y que a pesar de las limitaciones existentes la violencia siga de manifiesto entre simpatizantes de un mismo equipo.

De una vez por todas, los dirigentes del fútbol argentino tendrán que responsabilizarse por los espectáculos que organizan. De la misma manera que se ha condenado lo ocurrido con el Indio Solari en Olavarría, la AFA y los clubes involucrados deberán dar cuenta de lo sucedido y promover las acciones legales necesarias para controlar a los barras, y no sólo limitarse a aplicar una simple sanción económica que es intrascendente ante una vida.